Actualizar la ley

actualizar la ley. recursos para un código penal en lugar de sueldos desproporcionados. este año, el organismo legislativo tiene dispuestos para gasto q1 mil 204 millones, allí priorizan los pagos a los representantes cuyo ingreso ronda alrededor de los q30 mil mensuales. al suspender el último aumento están constituyendo una bolsa cuyo término será repartir un ahorro obligado. se debería gastar en proyectos legislativos: el código penal es uno de ellos. los códigos buscan facilitar la consulta y ofrecer acceso a la ciudadanía sobre las leyes. se evitan contradicciones o duplicidades en la aplicación de las mismas. existen 33 leyes ordinarias donde se contienen sendas definiciones de delitos. el parche es la práctica privilegiada. un problema por la indefinición de la ley contra la violencia organizada permitió hacer caso omiso del campo de aplicación, después se genera una modificación legal para conseguir resultados procesales inmediatos. es el último caso, pero ha sido usual; desde 1992, el nuevo código penal ha sido reformado o adicionado, 15 veces. mientras tanto, no se atienden cabalmente crímenes recurrentes como el pandillerismo criminal o el trasiego de estupefacientes. el libro iii sobre las faltas reclama ser reformado a fondo. desaparecer todas aquellas que serían mejor atendidas con acciones administrativas y convertir en delitos otras permisivas de violencia. los tratamientos médicos han mejorado mucho y los tiempos de recuperación son más cortos. en algunos casos, la violencia conyugal tiende al agravamiento, por lo que merecería ser considerada delito y no falta. y así. la obsolescencia en muchos casos es patente. el artículo 296 señala de tres a seis años por acometer a un conductor oficial de correspondencia. ¿cuántos carteros transitan en las calles? gran parte de la correspondencia está externalizada en servicios de paquetería privados. sin embargo, los delitos en el ámbito de comunicación electrónica reclaman su actualización. en conclusión: se necesita un nuevo código penal. se trata de un esfuerzo donde debe contratarse a especialistas, además de organizar consultas entre la ciudadanía; también, recabar opiniones jurisprudenciales de derecho comparado. todo ello tiene un costo. en consecuencia, el presupuesto del legislativo no puede agotarse en subida de los salarios de los diputados, sino debiera ampliarse en la consideración de tareas legislativas pendientes. han existido llamados a la creación de un nuevo código penal, con derogación de otras leyes. pero no hay ese ímpetu de modernización y desarrollo conceptual. es fácil fustigar al pasado o fantasear con promesas futuras, pero difícil realizar una labor consistente en todos los órdenes estatales. rápido pasa el tiempo y nos acercamos a la mitad del mandato de las autoridades elegidas en el ejecutivo y legislativo. es triste que gran parte de la actualización legal se haya realizado por dictaduras. en los dilatados salarios de estos dignatarios se espera premiar su dedicación, así como apartarse de intereses indignos. ya tienen suficiente y con la bolsa de ahorro que han creado; se alegrarán cuando se les entregue en el futuro, a menos que deroguen el acuerdo legislativo 31-2024 y dejen sin efecto las modificaciones al presupuesto. mientras tanto, otras tareas legislativas profundas estarán pendientes. al final, a las leyes las deciden votos de personajes calificados solamente con el favor popular sin garantía de conocimiento en asuntos especializados. no obstante, así funciona la democracia representativa: se delega a unos ciudadanos la confianza de tomar decisiones de sentido común favorables para la sociedad sobre toda materia.