Nuestro país, víctima desde hace tiempo de extrema corrupción, robos millonarios de dinero, mortandad vial, acción delictiva, pandemias, desorden administrativo y, ahora, fuera de este tema, sacudido por terrible terremoto, ha obligado de nuevo la pronta intervención y protesta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), para evitar más abusos ilegales oficiales y particulares que pueden conducir al país, tarde o temprano, a un peligroso despeñadero sin fondo del que le será difícil salir si no surge ya la valiente y firme decisión del pueblo honrado y trabajador.

No extraña en lo absoluto que constantemente se muevan tentáculos, particularmente oficiales o de mafiosos con poder, para acallar la libre emisión del pensamiento o libertad de prensa, que les perjudica en sus acciones criminales.

Cierto es que existe una actitud ciudadana general de personas honradas, pacíficas, luchadoras, trabajadoras y valientes que añoran contar con verdaderos líderes para lograr un rotundo cambio radical en el país que acabe de una vez por todas con tan grave y repudiable corrupción muy bien dirigida desde hace años por gente mafiosa y criminal que ha contado con el concurso indirecto de algunos nefastos gobiernos y debería largarse de nuestra apaleada patria o ir a prisión.

Sin embargo, algunos de estos líderes que en más de una ocasión han alzado su voz, dignidad patriótica, y elevado nuestro bello pabellón para combatir a estos desvergonzados políticos, guatemaltecos y extranjeros, desean asegurar el apoyo ciudadano para borrar el actual peligro existente. Se acerca una pronta oportunidad que debe ser aprovechada: las elecciones generales.

La denuncia planteada, según la Comisión de Prensa de la APG, señala que recientemente personal de la Supervisión de Tribunales se presentó a la sala de prensa de ese organismo para exigir a tres reporteros de elPeriódico, La Hora y Patrullaje Informativo información acerca de un proceso disciplinario planteado por el Ministerio Público contra el personal del Tribunal de Mayor Riesgo “D” y la jueza Érika Aifán, que incluye uno de tipo penal y otro de carácter administrativo, por supuesta filtración de información. Esta actitud es calificada por los periodistas como vulneración al derecho secreto de sus fuentes informativas, bajo la excusa de una investigación disciplinaria hacia una juzgadora.

La APG considera que estas acciones de empleados del Organismo Judicial no solamente buscan intimidar a los reporteros, sino a la prensa en general, para evitar publicaciones que generen incomodidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, citando como ejemplo los casos de los periodistas Pedro Pablo y Óscar Marroquín, de La Hora; Jose Zamora, de elPeriódico; y Juan Luis Font, de Con Criterio.

La Comisión de Libertad de Prensa apegista recuerda que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH remarca que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales”, mientras que el artículo 35 de la Constitución destaca que “es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho”.

Esta Comisión exhorta a organizaciones internacionales de libertad de prensa y países amigos a vigilar y actuar sobre los atropellos que funcionarios estatales continúan cometiendo contra la prensa y que podrían desembocar en estado de autocensura y otras expresiones a la libre expresión de naciones amigas y entidades extranjeras.