Catalejo
Actitudes y sugerencias grotescas y maliciosas
La USAC y el CANG apoyan trabajar en 80 metros cuadrados y por eso rechazan hacerlo en 600 cuidados bien vigilados.
Los rectores universitarios privados, al unificar criterios para realizar en la Universidad Rafael Landívar (URL) las reuniones de las comisiones para renovar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de Apelaciones, provocaron la ira del rector sancarlista, Wálter Mazariegos, y se unió el presidente del Colegio de Abogados, Julio Velásquez, ponente de 27 artículos para reglamento para la postuladora. Una propuesta solicita custodiar los documentos y el otro rechaza la custodia en un área de 600 metros cuadrados preparada y cuidada en una universidad vigilada, para sustituirla con una de 80 metros en la sala de vistas de la Corte o en una instalación del desprestigiado Congreso de la República.
Esto disminuye el prestigio de dicho Colegio por la falta total de lógica, y provoca sospechas y molestias. Utilizaron motivos y textos colocados fuera de su contexto, lo cual los convirtió en un pretexto, como dijo un hace muchos años un estudioso del Derecho. Es un chiste de mal gusto proveniente de autoridades sancarlistas y de magistrados del mayor puesto de la justicia nacional después de la CC, cuyas decisiones cada vez pierden más valor como consecuencia de otra frase conocida y burlona: “La Constitución dice lo que los magistrados de la CC dicen que dice”. No es laberinto lingüístico intríngulis, o sea mala intención oculta en una acción en contra de algo o alguien. Cada vez, gracias a la tecnología, se conocen más este tipo de poco visibles hechos.
La oculta verdad es simple: el pacto de corruptos presiona para mantener a sus alfiles por encima de la Constitución, como es el caso, por ejemplo, de haber mantenido en el cargo a la Jefa del Ministerio Público. Varios magistrados, entre ellos algunos mantenidos por tres años, fueron obligados por la CC primero a ser nombrados para terminar los 9 meses del período ya iniciado, gracias en mucho a la presión ciudadana. La mencionada corte ordenó realizar la elección el 13 de octubre y por eso deben salir y perder las diversas granjerías y beneficios agregados al cargo, estirado por una serie de güizacherías, aunque por supuesto no lo digan con claridad. Pero al ser sabido por una cantidad importante de la población y los países amigos, el rechazo es evidente.
Otra manera ilógica y sospechosa de realizar la elección es esta: los magistrados de la CSJ eligen a los comisionados de la Corte de Apelaciones, y viceversa. Entonces, “si no votás por mí, no voto por vos, porque quiero reelegirme para otros cuatro años o más”. Esto puede significar cuatro, ocho y hasta doce años de beneficios mutuos intercambiados. Esas marufias ya son del conocimiento público y las dificulta o al menos se sabe quiénes están detrás y las planifican, gracias a las noticias y columnas periodísticas. La nueva parte del plan implica atrasar todo lo más posible para llegar al 13 de octubre y así obligar a la permanencia de los actuales, pues esas instituciones no pueden quedar acéfalas. Es una variación burda del litigio con mala intención, malicioso.
** Otro tema: Circulan videos de casos causantes de amargas sorpresas, y me referiré a uno: la adquisición de bonos europeos realizada por el ministro de Finanzas, cuando el gobierno dispone de 14 mil millones de quetzales. Pese a ello decidió adquirirlos y luego lo calificó de prueba de confianza internacional, cuando es un simple negocio beneficioso para los países otorgantes del dinero. Los conocedores estaban preocupados por la situación de éstos y, en efecto, sólo dos días después se derrumbaron las bolsas extranjeras y el valor cayó 20%. ¡Gran negocio! Es otro tema, relacionado con la facilidad de la población para conocer la capacidad de quienes han recibido el mando de ministerios y del Banco de Guatemala cuando sus capacidades y/o su edad son modestas.
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