El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras permanece enrejado. Los barrotes negros alrededor de la sede central de la institución se colocaron en los días previos al golpe que estaban preparando en contra del partido Semilla. Fue una acción “preventiva” que prendió todas las alarmas.

Fredi Orellana, titular del Juzgado Séptimo del Ramo Penal, el favorito de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) que dirige Rafael Curruchiche, les otorgó la resolución con la que pretendían frenar el anuncio oficial de los binomios que la población votó para participar en el balotaje del 20 de agosto.

El fallo suspendió la personería jurídica del Movimiento Semilla a partir de un caso que “oportunamente” la fiscalía presentó horas antes de la conferencia de prensa convocada por el TSE para oficializar los resultados. Pero la maniobra no les alcanzó y, aunque la Corte de Constitucionalidad les dio luz verde para continuar con las investigaciones, la resolución ilegal de Orellana quedó sin efecto.

Entonces vino el escandaloso allanamiento a las oficinas del Registro de Ciudadanos, al que se presentaron agentes con gorros pasamontañas y armas de grueso calibre, como si se tratara de una guarida de narcos. En los alrededores de la institución se apostaron vehículos sin placas y personas armadas y vestidas de particular. En el operativo participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien también dirigió el allanamiento a la casa de Jose Rubén Zamora el día en que fue capturado. Ya ven, ustedes: mismos actores, mismo modus operandi.

Vale la pena recordar que Fredi Orellana es el juez que emitió la primera y la tercera orden de captura en contra del exfiscal y exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval. El mismo que emitió la orden de captura en contra del presidente de diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, y de la entonces fiscal Samari Gómez, a quienes, además, dejó en estado de indefensión al negarse a aceptar la mayoría de las pruebas de descargo que solicitaron presentar durante su juicio. Y el mismo que habilitó la persecución penal de los abogados defensores de Zamora, que se vieron obligados a aceptar cargos para salir de prisión.

Los actores se repiten porque la criminalización y persecución penal indebida en contra de jueces y fiscales anticorrupción, personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales, líderes indígenas y periodistas forman parte del libreto autoritario a partir del cual buscan impedir el cambio de gobierno y atropellar la voluntad de la población expresada en las urnas el pasado 25 de junio.

Por supuesto que estos personajes son solamente piezas (descartables y reemplazables) en el tablero del juego que dominan los poderes fácticos. No cabe duda de que les están soltando la mano y que serán sacrificados en la medida en la que el barco se vaya hundiendo. Ellos y ellas también lo saben y aquí radica el peligro, van a meter el pie en el acelerador porque el tiempo se les agota.

Las nutridas manifestaciones de los últimos cuatro días constituyen, sin lugar a dudas, el principal motor en contra del Pacto de Corruptos. Eso y los pronunciamientos y mensajes (públicos y privados) de la comunidad internacional y el trabajo de la prensa independiente les está haciendo mella. Pero ya Curruchiche dejó ver parte de las cartas que jugarán: órdenes de captura alrededor del caso “firmas falsas” que podrían alcanzar a exfuncionarios del TSE y del Registro de Ciudadanos, una querella por supuesto “lavado de dinero” y un testigo “clave” para intentar hundir a Semilla.

Habrá que redoblar para evitar que se consume este golpe que no se ha desactivado y que intentarán concretar por todas la vías. Lo central sigue siendo defender la voluntad popular: la ciudadanía se expresó y el voto debe ser respetado.