El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha sido enfático al denunciar una serie de acciones y omisiones para golpear la institucionalidad constitucional y conseguir o que las elecciones celebradas no tengan efectos o bien debilitar al próximo gobierno subiéndose al tren de narrativas similares a las montadas por Trump en EE. UU. y Bolsonaro en Brasil, en cuanto advertir fraudes electorales. Ambos expresidentes enfrentan procesos penales por tal situación y ya sabemos que acá, al ser tropicalizado, es más burdo el asunto.

Lo hecho por el MP por “orden judicial” en torno al secuestro de las actas de Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales y Juntas Electorales Departamentales no es golpe al Tribunal Supremo Electoral, es un desprecio absoluto a los miles de voluntarios que desde la madrugada se enfilaron a los distintos centros de votación para integrar la posibilidad de hacer la democracia viva, a quienes don Arturo Herbruger Asturias, antiguo jefe de nuestro actual presidente, llamaba “el ejército electoral”.

Escupir el esfuerzo del voluntariado electoral es una muestra del más absoluto desprecio al vigor de miles de guatemaltecos y es condenable cómo la propia fiscal general declara cómo la Constitución es guía y brújula, cuando es evidente su servilismo presidencial.

Es un absurdo cómo la fiscalía y un juez de primera instancia de lo penal se pretenden erigir, sin competencia legal alguna, en los certificadores y legitimadores del proceso electoral, lo cual solo es producto de un capricho. Llevamos años de un presidente escondido de la prensa y el 15 de septiembre también se ocultó para no toparse con rechiflas de la plaza. Tenemos una fiscal general que hasta en las redes institucionales del MP no deja opción a comentarios y realiza actos inéditos en el campo electoral mundial, también sin mayor contacto con la prensa. Además, un Colegio de Abogados y un Centro para la Defensa de la Constitución omisos y en silencio sepulcral.

Suspender o boicotear la alternancia en el poder es destruir uno de los elementos esenciales de la República, porque la cooptación del Legislativo y el Judicial es un hecho innegable. En consecuencia, somos los ciudadanos quienes debemos defender los avances democráticos, por pírricos que parezcan, a costa de vender el país al crimen, a la dictadura y al autoritarismo.

¿Quién tiene el mayor incentivo para torpedear el traslado de autoridades municipales, legislativas y presidencial? Pues el propio presidente, quien con su partido gastó a manos llenas para que Manuel Conde se colara a un tercer lugar luego de movilizar recursos públicos como pocas veces se ha visto y, sobre todo, pagando en efectivo, como fue denunciado en varios videos, a la gente más pobre.

Las instituciones deben resolver el presunto entuerto “legal”, pero estas instituciones deben respetar un concepto básico: jamás una corte está sobre las urnas; de lo contrario se destruiría la esencia del Poder Constituyente encarnado en una Asamblea que en 1984 y 1985 se integró para brindarnos un texto que por primera vez en los 202 años de vida independiente generó el traspaso pacífico de once personas en el ejercicio de la presidencia, lo cual es un tesoro histórico para un país en donde los cuartelazos, rebeliones, revoluciones y reformas constitucionales para modificar el período presidencial fueron las fuentes primarias para el ejercicio del dichoso cargo.

No debemos caer en eufemismos o esconder los hechos concretos, todo lo hecho por el MP y contados jueces es dentro de la órbita de influencia presidencial, porque son Giammattei y su partido los mayores interesados en seguir usufructuando el poder, y ahora, ya sin el molesto período de solo 4 años.