Circula en redes sociales una carta del director financiero dirigida al presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), en la que remite información sobre el acreditamiento del bono de Semana Santa por el monto de Q199,800. El bono corresponde, según la carta, por el artículo 35 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre la ALMG y el Sindicato. El público no está enterado de las condiciones del pacto colectivo y menos aún de este pago, a pesar de que paga la cuenta con sus impuestos. Esta es la salsa secreta de la relación entre el gobierno y los grupos de interés, concentrar beneficios y disipar los costos. El costo de este bono (Q199,800) es poco menos de Q80 por habitante del país, que no es mucho; distribuido entre pocas personas es significativo.

Suponiendo que el público se entera, ¿por qué no se defiende de esta extracción? El costo para cada individuo de intentar prevenir el pago de este bono para potencialmente ahorrarse Q80 es demasiado alto. Tendría que contratar abogados, hacer denuncias y enfrentarse a la resistencia del sindicato e innumerables coaliciones de organizaciones dedicadas a extraer esta clase de beneficios; pronto sería convertido en enemigo de la clase trabajadora, de la cultura o de los mayas. En ningún caso lograría el reembolso de los Q80 que ya le fueron arrebatados para nunca más volver. El potencial beneficio de enterarse y oponerse es ínfimo comparado con el costo. Para los beneficiarios, en cambio, en este caso miembros del sindicato, el beneficio supera sustancialmente el costo.

Uno de los pioneros en examinar este fenómeno fue Mancur Olson, en su primer libro, La lógica de la acción colectiva (1965). Hay incentivos para organizarse en grupos de interés capaces de ejercer presión para extraer beneficios; sindicatos, variedad de organizaciones y grupos de presión extraen tributo del resto de la población. Olson acuñó el término “coaliciones distribucionales” —el dinero obtenido de bastantes personas subsidia o es redistribuido a pocas.

Es a coaliciones distribucionales que funcionarios electos y nombrados responden y rinden cuentas; no al público en general. Es decir, el ministro o diputado es guiado en sus acciones más por la presión directa ejercida por grupos de interés, que por lo que pueda beneficiar al público en general. La ALMG es un grano pequeño en un enorme campo de arena.

El Ministerio de Educación tiene más de 51 mil trabajadores afiliados a 37 sindicatos; cerca de 47 mil son miembros del STEG. La administración de este ministerio, su personal y presupuesto se verán mucho más afectados por lo que quiera y requiera el STEG, y menos por los deseos de unos cuantos padres de familia, que no cuentan con esos niveles de organización o motivación. Los sindicatos del Ministerio pueden organizar una manifestación o huelga en cuestión de días para paralizar la educación pública; los padres de familia y tributarios no tendrán voz ni serán escuchados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) afirma tener más de 25 mil afiliados; no se ve organización similar de pacientes de los hospitales públicos y centros de salud.

Estas reflexiones se refieren al ámbito de grupos de interés dentro del marco de la legalidad, sin tomar en cuenta los incentivos perversos de acción colectiva que se organiza para el pillaje y negocios ilícitos, que multiplica exponencialmente el problema. La formación de organizaciones y coaliciones para promover y proteger sus intereses es parte del juego de la democracia; idealmente, sin obtener privilegios.