Desde hace tiempo, desde esta columna se insiste en evidenciar cómo desde el poder, formal o material, existe una dinámica para boicotear los mandatos constitucionales y en estas semanas solo hemos ido viendo más descaro en burlar el diseño constitucional sin ninguna vergüenza.

Como se opina sin conocer, compartimos cuatro temas constitucionales con el objeto de que para todos queden transparentes y evidenciar que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya será cuestión de cada quien ver, analizar y examinar cómo se han comportado las bancadas de UNE y Semilla en el Congreso, para establecer parámetros de cumplimiento.

Una constitución garantiza la paz social y jamás la discordia o la división. Sus mandatos y texto deben cumplirse con ese objeto.

Primer punto. Para reformar lo referente a los derechos humanos individuales, es decir, los derechos a la vida, la igualdad frente a la ley, libertades, propiedad privada o debido proceso, entre otros, se requiere que el próximo Congreso, con el voto afirmativo de 2/3 partes (más de 105 diputados), apruebe los artículos a modificar y luego se elija una Asamblea Nacional Constituyente que solo tendrá por encargo conocer sobre los artículos decididos. Si algún gobierno pretende modificar la libertad religiosa, de acción, de pensamiento o la propiedad privada deberá primero que cumplir con lo antes dicho, o estaríamos en una situación de hecho. Si hay duda de lo que acá se dice bastará leer el artículo 278 constitucional y es importante señalar que ninguna reforma podría contradecir compromisos internacionales reconocidos en convenciones de derechos humanos.

Segundo punto. El artículo 67 constitucional dice: “Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema”. Todo gobierno debe respetar y procurar el cumplimiento de lo transcrito.

Desde la firma de los acuerdos de paz se insistió en que un catastro técnico y actualizado es la herramienta de desarrollo, pero desde el poder se ha boicoteado.

Tercer punto. La justicia social está reconocida. El artículo 101 constitucional señala que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, así como que el régimen laboral debe organizarse bajo principios de justicia social. Además, el 118 señala en un inicio: “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”.

Cualquier gobierno debe garantizar lo señalado o viola la Constitución. La justicia social no es discurso de ocasión, sino mandato expreso.

Cuarto punto. Los funcionarios y empleados públicos son solo depositarios del poder, están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Esto es importante porque vemos volcarse a miles de funcionarios públicos, con enseres, vehículos, en jornada hábil, a campaña electoral, cuando la Constitución lo prohíbe, llegándose a extremos impresionantes como ocurre en decenas de municipalidades o donde en cajeros automáticos se recibe dinero por el voto sin que las autoridades muevan un dedo. El artículo 154 constitucional fue el transcrito, por si existe interés en leerlo completo.

El punto de estas líneas es aportar para una campaña llena de mentiras y ataques, y esto es debido a que muchas veces el público pide espectáculo y no debate, lo cual enrarece los aires democráticos, pero esto no lo podemos permitir.