El 14 de enero cumplimos 38 años de vigencia de nuestra Constitución, la cual, como bien apuntó el colega Juan Pablo Gramajo por medio de la red social X, “hoy sí, oficialmente se puede decir que la Constitución de 1985 ha sobrevivido: Dos intentos de golpe de estado tradicional militar; un autogolpe; un intento de golpe de estado técnico moderno. ¿Ya podemos ser caso de estudio de resiliencia constitucional?”.

Nuestra historia constitucional es convulsa, la constitución Federal de Centro América tuvo una vida efímera, luego la constitución liberal de 1879 fue víctima del seudoconstitucionalismo y sirvió para soportar dictadores; la constitución revolucionaria del 44 fue desechada luego de la invasión liberacionista y la constitución liberacionista fue traicionada por sus propios autores para luego legarnos de 1965 a 1982 la constitución calificada por Jorge Mario García Laguardia “como la del peor tipo posible”.

La constitución promulgada el 31 de mayo de 1985 ha garantizado la transición electoral del poder desde Vinicio Cerezo a Bernardo Arévalo, y esto no es poca cosa en un país donde los procesos violentos fueron la orden del día, pero debemos entender cómo aquella constitución cuya vigencia recién celebramos ya no es la misma, porque el país no es el mismo.

El proceso democrático genera dinámicas sobre las cuales las nuevas generaciones son más libres, las mujeres, los pueblos indígenas y varios sectores sociales son visibilizados luego de haber sido excluidos y así han surgido nuevos sectores de poder.

Como los cuartelazos del siglo 20 no son viables, los golpistas modernos se visten con toga, utilizan el estrado judicial, actúan prevaricadoramente y administran chantajes tal como desde el propio Congreso de la República se denuncia.

“Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”, nos dejó escrito Ferdinand Lassalle, gran teórico clásico del Derecho Constitucional.

La participación efectiva de la juventud y la ciudadanía en junio y agosto de 2023, así como la defensa de la democracia por muchos sectores bajo el liderazgo de los pueblos indígenas, evidencian vientos de cambio para entender la complementariedad constitucional necesaria.

El Congreso de la República tiene tres grandes deudas constitucionales porque lleva 38 años de omitir ocuparse de legislar sobre tres aspectos de forma expresa ordenados por el Texto Fundamental: el efectivo respeto a la propiedad comunal de la tierra por los pueblos indígenas (artículo 70); ley para garantizar el aprovechamiento del agua (artículo 127) y ley para, de forma efectiva, prohibir monopolios y asociaciones para restringir la libertad de mercado (artículo 130).

Un país no cambia porque una ley se aprueba, un país cambia cuando sus habitantes se empoderan, los derechos dejan de ser privilegios y se garantiza el ejercicio del poder público por medio de acciones puntuales para construir una mejor calidad de vida para todos, y sin duda nuestro marco constitucional lo diseña.

Nuestros dos últimos dos gobiernos se caracterizaron por instituir prácticas abusivas del poder, lo cual se garantizó con una evidente y grotesca cooptación institucional, llegándose al extremo del presidente Giammattei, quien se convierte en el primer mandatario en no llegar al acto protocolario del cambio de mando y entregar los símbolos de su investidura al Congreso porque sus aliados, obedientes y no deliberantes, alargaron los tiempos hasta el 15 de enero y así conseguir de nuevo un barniz “jurídico”, aunque todos lo sabemos, huyendo de una segura rechifla, pero aún así cumplimos 38 años de vigencia constitucional con el compromiso de hacer vivo el pacto social.