El Pacto de Golpistas atraviesa sus horas más bajas. La digna resistencia indígena y popular que rebasa los 70 días, una sostenida articulación de acciones en distintos ámbitos y un contundente rechazo internacional expresado de forma concreta en contra de quienes impulsan el rompimiento democrático consiguieron que —por fin— el tribunal constitucional resolviera que el 14 de enero debe haber una transición de gobierno y el binomio electo debe asumir.

Por supuesto que sería muy ingenuo pensar que con esto quedó resuelta la crisis y que alegremente el Ministerio Público (MP), cabeza visible del Golpe, levantará su campamento y dará vuelta a la página. Como dicen las autoridades indígenas, “el golpe de Estado sigue en desarrollo” (…) porque la resolución “deja abiertas las puertas al MP y a los jueces corruptos para que continúen su ruta de consumar el golpe de Estado en cualquier momento”. Golpe que, reitero, se habría consumado hace meses. de no ser por el compromiso democrático y la capacidad de organización y movilización de las autoridades, quienes mantienen el Paro Nacional Indefinido y permanecen frente a la Fiscalía resistiendo y exigiendo.

De acuerdo en que ahora las y los golpistas están debilitados y su fuerza no es la de hace una semana. Pero acostumbrados como están a retorcer la ley y sabiendo que para algunos el destino es el de Juan Orlando Hernández (JOH), el expresidente hondureño extraditado a los Estados Unidos, van a utilizar al sistema de justicia capturado (u otras vías) para intentar cumplir con su objetivo: impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión. Vencer o morir con las botas puestas, parece ser la consigna. Y de paso continuar con la persecución y criminalización de actores democráticos como Sergio Morataya y Heizel Morales, los dos estudiantes sancarlistas capturados en el Paraninfo Universitario el viernes 15/12.

No habíamos terminado de leer la resolución completa de la Corte de Constitucionalidad cuando dos fiscales del MP, con mascarilla incluida, presentaron una solicitud de retiro de antejuicio contra Blanca Alfaro, magistrada presidenta del TSE, por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Minutos después el impresentable jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicaba sobre el primer “delito”: “Todo el pueblo de Guatemala pudo observar cómo los fiscales actuando con profesionalismo fueron agredidos física y verbalmente no solo por la magistrada presidente, sino por otros magistrados”. Y sobre el segundo: “Mientras muchos ciudadanos aún dormían, a las 7:28 AM ya habían cargado votos al sistema informático. Segundo, el auditor electoral citó a las Juntas Electorales Departamentales, les dio formatos en blanco y los puso a llenar con la misma información que tenía el sistema informático Trep. Y, tercero, el pleno de magistrados del TSE aprobó un formato y el que se utilizó fue el de las elecciones del 2019”.

Vuelve la burra al trigo: la Fiscalía insiste en invalidar el proceso electoral. Y como bien apuntó el exfiscal Juan Francisco Sandoval en una entrevista: “La decisión de retirar la inmunidad al binomio electo recaerá en la Corte Suprema de Justicia designada por diputados del Pacto de Corruptos, extremo que intentarán concretar antes del 14 de enero”. Un detalle adicional: el 15/12 el MP solicitó al TSE copia certificada de la asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciones de los miembros de las Juntas Electorales y certificación de 38 mesas en un plazo de cinco días, que vencen mañana 20 de diciembre.

Toca no bajar la guardia hasta que Arévalo y Herrera tomen posesión. Después habrá que redoblar porque lo que se viene en 2024 será de pronóstico reservado “que no gobierne o gobierne maniatado”; pero ahora se trata de alcanzar el 14 de enero.