El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente en Francia aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto inspirador de constituciones, incluyendo la nuestra y además clave para la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.

La Revolución Francesa, sin mencionar en estas líneas sus abusos y paradojas, dejó al mundo decenas de lecciones, entre ellas establecer esta Declaración que la semana pasada cumplió 233 años, muy oportuna para la Guatemala del 2022, porque el texto, influido del legítimo pensamiento liberal, es útil para buscar la luz al final del túnel en una sociedad fragmentada, en buena parte, por absurdos, abusos y odios patológicos.

La declaración inicia con un lapidario preámbulo: “Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos…”. El guatemalteco del 2022 debe percatarse cómo desde hace 233 se señalaron a la ignorancia, el olvido (de la historia) y el menosprecio de los derechos, como práctica del poder público, como la fuente de las calamidades públicas y corrupción. La corrupción no solo se combate desde el ángulo penal, un pueblo sin acceso a educación de calidad, como lo constituye la inercia oficial en estos momentos, estará solo ocupado en prácticas de sobrevivencia, en tal situación los principios y valores se pierden y si además le agregamos una sociedad de consumo, en la cual preparamos compradores y no ciudadanos, el horizonte registra más obstáculos.

Nuestro Congreso pretende discutir leyes violadoras del derecho a libre emisión del pensamiento y además fomentan la violencia oficial contra las manifestaciones y descontentos populares, por eso debemos recordarles cómo desde hace más de dos siglos se dijo: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales del hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el goce de los mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley” y agrega: “La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que esta no ordene”.

Si no entendemos el orden jurídico como un sistema armónico de derechos, encontramos las licuadoras mentales de ciertos legisladores por las cuales para “garantizar un derecho” perjudican otros. Engancharnos con peroratas de políticos abusivos e irrespetuosos a los principios constitucionales también es una constante imprudencia ciudadana.

En nuestro país los gobernantes se dicen liberales y además hacen gala de su “republicanismo” y respeto al orden jurídico, pero al mismo tiempo cooptan instituciones, así es como esta Declaración brinda la mejor lección de Derecho Constitucional: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de Poderes, carece de Constitución”.

Si la independencia de poderes no existe, es imposible el respeto a los derechos fundamentales, porque la concentración del poder en una persona o grupo jamás brinda alguna posibilidad para que eso ocurra. Si los guatemaltecos nos seguimos concibiendo como el ombligo del mundo y además estamos seguros de vivir en una realidad única seguiremos engañados, no existe ninguna posibilidad de prosperidad sin respeto a los derechos, pero para ello debemos empezar con una independencia de poderes seria, en caso contrario miente quien habla de legalidad, República y libertad, no nos dejemos engañar por quienes embaucan para buscar poder sin límites, porque la historia recoge ya mucha experiencia sobre ellos.