Si 2017 fue el año del inicio del retroceso, 2022 fue el de su afianzamiento. Lo que empezó el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados del pacto proimpunidad lo aceleró y profundizó Alejandro Giammattei. Con la expulsión de la Cicig en 2019 y habiendo retomado el control del MP con la elección de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general, lo que vino después fue el desbaratamiento de la incipiente arquitectura institucional que hizo posible la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces fuimos testigos de cómo empezaron a frenarse los esfuerzos de los equipos de investigadores y fiscales para continuar con los procesos o iniciar nuevos casos.

Desde el Despacho de la Fiscalía General se ralentizaron y bloquearon los expedientes y principió lo que en ese momento se justificó como un “reordenamiento institucional”, que no fue otra cosa que debilitar unidades clave como la de delitos electorales, anticorrupción y la propia Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Vinieron los traslados, los procesos disciplinarios sin sustento y las destituciones injustificadas, que dieron paso al nombramiento de personajes que garantizaban lealtad y resultados al Pacto.

Al mismo tiempo se consiguió el realineamiento de las altas cortes, aunque para eso también hubo que quebrantar la ley. La actual CSJ, cuyo período constitucional venció el 13 de octubre de 2019, continúa en funciones y ha solapado y autorizado el retiro de la inmunidad de jueces y juezas independientes que, oh casualidad, conocieron y tramitaron expedientes judiciales relacionados con casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Ni hablar de cómo se dio la integración del tribunal constitucional o el nombramiento de jueces pesquisidores ad hoc para conocer los procesos de antejuicio contra sus colegas, irrespetando incluso su derecho de defensa. Alineado el sistema de justicia se impulsaron dos estrategias simultáneas: a. Beneficiar por la vía de resoluciones judiciales a personajes vinculados con las redes político-económicas ilícitas con medidas sustitutivas, cancelación de convenios de colaboración eficaz, desistimiento de órdenes de captura y retiro de delitos graves; y b. Persecución y criminalización de operadores de justicia —jueces, fiscales, investigadores, exabogados de Cicig—, personas defensoras de derechos humanos y activistas que participaron en los movimientos de protesta, líderes de organizaciones sociales y pueblos indígenas; medios y periodistas críticos e independientes. Y así estamos. Con más de 30 fiscales y jueces en el exilio forzado, decenas de periodistas y activistas fuera del país y otros encarcelados.

Pero la regresión no fue solo en el ámbito judicial. El Pacto consolidó su hegemonía en lo político, con una camarilla en el gobierno no solamente corrupta, sino incapaz y una mayoría pro-oficialista impulsora de una agenda regresiva contra los derechos y libertades ciudadanas. Mecanismos como la compra de votos y la retribución de favores por obras y partidas presupuestarias se perfeccionaron y hoy son moneda corriente de cambio.

La vieja alianza entre la élite económica y militar cobró fuerza y, sin repugnancia, introdujo en su seno a personajes de redes y cárteles criminales que hoy están más que representados en los poderes del Estado, las cortes y las alcaldías. La Usac, con un renovado liderazgo estudiantil que fue clave en las movilizaciones sociales de 2015, fue víctima de un escandaloso fraude, y en la PDH se designó un procurador a la medida de los intereses del Pacto. Todo esto para afianzar y profundizar un sistema que solo provoca desigualdad, pobreza, hambre, violencia y migración forzada para nuestro pueblo.