El 12 de septiembre, funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP, encabezados por Rafael Curruchiche, allanaron el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el Parque de la Industria y abrieron varias cajas que contenían los votos de la jornada electoral del 25 de junio. El caso, dijo Curruchiche, estaba bajo reserva y por eso no podía entrar en detalles.

Sin embargo, el motivo de la diligencia —sin precedentes desde la apertura democrática de 1986— sí fue mencionado por el susodicho fiscal, quien junto a su jefa Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana que autorizó el allanamiento, son parte prominente del grupo de actores corruptos y antidemocráticos reconocidos nacional e internacionalmente. Así lo reportaron los medios:

“La fiscalía de Guatemala allanó este martes las instalaciones donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones de junio, en una nueva actuación del cuestionado organismo luego de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, pidiera cesar la persecución contra su partido. ‘Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano’ sobre supuestas anomalías en una de las cajas donde archivaron las papeletas de votación, dijo a periodistas el fiscal Rafael Curruchiche”. (AFP. 12/9/23)

“Nosotros consideramos hacer un proceso de verificación sobre la base de esa denuncia que se ha presentado, pues de esa cuenta es que nosotros el día de hoy estamos acá presente a efecto de darle continuidad a esa denuncia y verificar sobre esos extremos que se han manifestado”, comentó el jefe de la Feci. Señaló que dentro de la diligencia no había ninguna implicación directa al partido político Movimiento Semilla y sus dirigentes ‘como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros’. No hay ninguna vinculación, ninguna relación ahorita por el momento”. (Prensa Libre, 12/9/23).

Pero Curruchiche mintió. El caso tiene todo que ver con el partido Movimiento Semilla y el “ciudadano” que presentó la denuncia tiene una vinculación directa con las organizaciones ultraconservadoras que forman parte de la trama golpista con la que se busca anular el resultado electoral para impedir que el binomio Arévalo-Herrera asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Así quedó evidenciado en el audio de la audiencia del 7 de septiembre que fue publicado hace unos días por la colega Michelle Mendoza.

Ante el juez Fredy Orellana, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo argumentó que el 26 de julio se recibió una denuncia del ‘abogado y ciudadano’ Giovanni Fratti Bran en donde indicó que tiene conocimiento “por lo que ha visto en medios de comunicación que en contra del partido político Movimiento Semilla existe una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica (…) y que tal suspensión se ordenó judicialmente…”. De acuerdo a la investigación del MP, dijo Morales, “existe el peligro razonable y fundado de que el partido suspendido provisionalmente reciba fondos del Estado de Guatemala, producto de posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita…”.

Esa argumentación de la Fiscalía, basada en un delito que no ha ocurrido (la entrega a Semilla de la cantidad de 2 dólares por cada voto recibido), fue suficiente para que Orellana ordenara allanar las instalaciones del TSE y es la que “sustenta” el caso de la Feci con el que se pretende anular la elección presidencial de Bernardo Arévalo. Con razón, como dice el abogado Edgar Ortiz, lo declararon bajo reserva.

Quince minutos en una audiencia bastaron para echar a andar la estrategia golpista del MP y sus socios de utilizar la vía penal para violentar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.