Era octubre de 2020 cuando a los bancos del sistema ingresó el dólar de remesas número 100 mil millones, contados desde que inició el siglo. La marca que tardó veinte años en llegar provocaba dos reflexiones. Uno: Qué pudo hacer el país en 2001 si hubiera sabido lo que venía; cuánto venía, a quién le llegaría. Y dos: Viendo a futuro, en cuánto tiempo ingresarían otros $100 mil millones y qué se podría hacer con ello, principalmente en términos de desarrollo, cuya falta es precisamente lo que provoca más emigración. Pero junto con la pandemia vendría un alza que sería aún más drástica y que nadie anticipó.
Hoy, el crecimiento consistente nos sitúa en otra dimensión, reflejada en las estratosféricas cifras de 2021, que creció 46% en su registro bianual. Con este nuevo comportamiento, podemos prever que dentro de un año estará ingresando otro dólar paradigmático: la remesa número 100 mil millones, pero esta vez, alcanzados en solo diez años.

Los abultados números de las remesas se han posicionado en la conversación nacional, en especial, con algunos cuestionamientos que se repiten con alguna reiteración. Rápidamente puedo listar estos cuatro: Se habla mucho sobre cómo es de arriesgado el futuro de una patria que progresivamente depende más de divisas tan inciertas, y que provienen de una actividad que es considerada ilegal en el país donde se originan. Merecidamente, también se lamenta sobre cómo es de trágico y penoso que nuestro mayor producto de exportación sea ya nuestra propia gente. Asimismo, sobre cómo es de inaceptable que el poder central, no solo se niegue a reconocer las remesas como un fundamento del crecimiento macroeconómico, sino que, además, se jacte y lo celebre como un logro, y uno propio. Por último, con frecuencia, la duda sobre la legitimidad de las remesas, cuestionando sobre cuánto de ellas puede provenir de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Pero hay algo trascendental sobre lo que podría discutirse con más ahínco. Y esto es: qué puede y qué debe hacer el país con esta inyección de capital, revestido de particulares características: 1. Es dinero directo, casi en su totalidad, y casi sin intermediarios, que ingresa del bolsillo del emisor al bolsillo del receptor. Contrario a cualquier esfuerzo institucional —que implica carísimas burocracias— el costo total de la remesa habrá de rondar un 5% en comisiones. 2. Es dinero que llega al que más lo necesita. Esto, entendiendo que -salvo contadas excepciones- la migración crece paralelamente en los lugares más excluidos. Y 3. Es dinero que no es permanente. Más bien, es inestable. Tomando en consideración —repito— que proviene de una actividad aún considerada ilegal en el país donde se origina, y de particularidades económicas sobre las que no tenemos ningún poder de decisión. Esto lo reviste de un evidente sentido de urgencia.

La creación de modelos de desarrollo usando como base tan singular —y quizás único— ingreso económico, debiera ser una agenda principal de gobierno. El esfuerzo de una presidencia honesta y capaz, de la mano del Congreso y de las municipalidades. Sin embargo, con un poder político tomado por intereses paralelos, lo que vemos hoy es que ni siquiera es parte de la agenda migratoria. En su lugar, tapan ojos con patrañas muy baratas, como la reciente ley que aumenta penas a coyotes —que ni logran capturar— y que provocó rechazo por su evidente inutilidad. Veamos por un momento esto desde una distancia y ponderemos el momento histórico. $100 mil millones ingresados directamente a la población, en tan solo 10 años, es muchísimo dinero semilla. Es demasiado capital para que no exista un plan nacional. Vivimos un momento de bonanza, que no sabemos si se repetirá en el futuro. No veo otra discusión migratoria en el país que sea más impostergable.