Las declaraciones de los funcionarios Dodd, Hamilton y Reich anuncian una nueva postura estadounidense dirigida a establecer una mayor incidencia política en Guatemala.

Se pretende preservar los limitados avances en democratización y derechos humanos, impedir el regreso al autoritarismo y evitar mayor degradación en la precaria calidad de vida de los guatemaltecos. Respecto de los intereses hemisféricos de EEUU, evidencian decepción hacia el actual gobierno, persisten la incapacidad administrativa, narcotráfico, corrupción y migraciones ilegales.

Para los fundamentalistas, atrincherados en sus posiciones cómoda y lucrativamente intransigentes, es una injerencia más en los asuntos internos nacionales. Para los radicales sólo es retórica cíclica, que no restringirá políticamente al gobierno.

Ambas interpretaciones se basan en experiencias anteriores, pero esta vez la postura implica exigencia de resultados inmediatos: se ha ido a fondo y sin rodeos.

La estrategia se orienta a evitar un posible fraude electoral, y los actos ilícitos el gobierno, lo que se agrava por una oposición fragmentada e inconsistente. EEUU ya se distanció del actual gobierno de Guatemala. El plan se orienta a la ejecución de elecciones libres y democráticas, anhelando la mejor selección popular para reprogramar y ejecutar los objetivos de la agenda norteamericana: cumplir los Acuerdos de Paz, fortalecer las instituciones públicas,el libre comercio, la reactivación económica y combatir al narcotráfico y las migraciones ilegales.

Urge responsabilidad y compromiso de quienes dirigen las organizaciones civiles y políticas.

Los líderes religiosos deben estar conscientes de la creciente angustia ciudadana y optar por el compromiso al cambio. Los dirigentes empresariales deben valorar la visión política de largo plazo, fundamentada en el desarrollo económico y equitativo, comprometerse para favorecer el empleo, incrementar las inversiones y pagar justa y puntualmente sus obligaciones fiscales, y evitar las prácticas sectoriales del favoritismo político.

Los militares deben comprometerse con una doctrina que dé prioridad a los intereses nacionales, y no favorezca las perjudiciales prácticas que han hecho del ejército un vehículo de poder al servicio de una elite carente de escrúpulos.

Los militares jóvenes deben desmarcarse de la tragedia y la corrupción, dar vida a un nuevo ejército, y ganarse con hechos el respeto y la admiración de su pueblo.

Los líderes de las organizaciones sociales deben estar conscientes que su esfuerzo debe, encaminarse a la negociación y la consolidación de logros inmediatos a favor del pueblo.

La reproducción estéril y persistente de la polémica interna y la fragmentación, generan un aletargamiento del reclamo social insatisfecho, que se traduce en niñez sin futuro y en un empobrecimiento implacable de las mayorías.

Guatemala exige un retorno a la transición política. El próximo gobierno debe surgir de un gran acuerdo nacional, ser un régimen basado en la representación sectorial como producto del consenso y la precisa delegación de funciones.

Las fuerzas fácticas deben conciliar intereses, dando prioridad a refundar el Estado democrático, a la impostergable reforma institucional, a consolidar un verdadero estado de Derecho, que elimine las nefastas prácticas que sin excepción han sido ejecutadas por los diversos gobiernos de turno.

El actual pluripartidismo extremo no demuestra una amplia participación en la política,sino revela por el contrario, un deplorable divisionismo social, que es aprovechado por los ilimitados y nefastos intereses políticos de siempre.

El necesario retorno a la transición se hace incuestionable. El intento anterior trató de conducirnos del autoritarismo a la democracia; la transición ahora, deberá trasladarnos de una democracia enferma y agónica, a una incipiente pero verdadera.

Afortunadamente, Washington parecer haber entendido la lección.