En el caso referente al acceso y uso de energía eléctrica, se perfilan cuatro tipos de actores: los usuarios que no presentan problema alguno, los usuarios que ya están en situación de conflicto, las empresas del sector eléctrico y las organizaciones sociales que se han involucrado en el referido fenómeno. Dos instancias sobresalen en el mismo: Energuate y Codeca. Los primeros manifiestan que el denominado hurto de flujo eléctrico va en aumento, fundamentalmente por prácticas ilegales, como la toma no autorizada de fluidos o reconexiones posteriores a cortes realizados por falta de pago de los usuarios. Los usuarios inconformes —dentro de los cuales Codeca ha asumido un protagonismo fundamental— argumentan el alto precio que pagan por la energía, además de un servicio deficiente que implica frecuentes cortes y sobrecargas inesperadas. Esto ha provocado que existan comunidades en las cuales la población impide el libre tránsito de trabajadores de Energuate. Esta última en no pocas ocasiones ante la falta de pago por el servicio o la frecuencia de reconexiones no autorizadas, opte por cortar el fluido eléctrico a toda una comunidad, afectando a los usuarios que regularmente pagan por el servicio. Esto ha insertado un agravante mayor al complejo problema. Como se ha expresado en no pocas ocasiones, los problemas sociales no atendidos generan conflictividad y la persistencia de la conflictividad, aumenta los problemas sociales, es decir, la vigencia de un círculo vicioso altamente negativo. En realidad el núcleo del problema no recae en Energuate, los usuarios o las organizaciones sociales que plantean la necesaria revisión de las privatizaciones y la nacionalización de las empresas. El verdadero y único culpable es el Estado de Guatemala que ha desertado de sus funciones originarias establecidas en la Constitución de la República. Si este cumpliera con sus funciones administrativas e incluso punitivas, jamás se hubiese llegado al extremo que se llegó.

Pero hoy el objetivo es resolver la conflictividad presente en el sector. Mi propuesta: 1. Energuate debe reconectar el servicio sin excepciones a todas las comunidades del país. 2. Se debe realizar un estudio de costos de producción de generadoras, distribuidoras y comercializadoras del servicio, para fijar un porcentaje razonable de utilidad para las mismas. Debe considerarse un precio promedio teniendo como comparaciones el precio del servicio en México y Centroamérica. 3. Las empresas citadas deben realizar convenios de pago por derecho a deuda con sus usuarios. 4. Las organizaciones sociales involucradas en el problema deben desligarse del mismo. 5. El Ministerio de Energía y Minas deberá ser el único ente estatal vigente en el proceso, el cual deberá de crear una unidad de servicio en todas las municipalidades del país para gestionar reclamos de usuarios o de las empresas que prestan el servicio. 6. Debe declarase pública y legalmente, que el uso de la energía eléctrica es un derecho humano, por lo cual todas las comunidades del país deben poseer un servicio de alta calidad y a precios accesibles para todos sin excepción.

Evidentemente la propuesta anterior exige un número mayor de detalles y acciones, que deben agregarse a la misma para que sea factible y de inmediata vigencia. De no darse ese paso, la conflictividad se expandirá dañando irreversiblemente nuestro tejido social y haciendo inviable el país para las inversiones, que implican la única forma de generar un desarrollo económico social sustentable y permanente.

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