“En estos lugares, solo el sector público genera empleo. No hay otras oportunidades, así que la gente hace lo que sea a cambio de una plaza o un contrato en el Estado. Es pura necesidad. Ya dentro, la mayoría está más pendiente de lo que diga o quiera el diputado (o quien les facilitó el contrato), que de sus atribuciones; no le hacen caso a uno. Se saben protegidos”.

Esta lapidaria reflexión emergió durante una entrevista que realicé la semana pasada como parte de una investigación que estoy haciendo. Cinco oraciones que sintetizan una de las repercusiones más negativas y con efectos de más largo alcance que tiene el clientelismo político sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Apunta también a la génesis multicausal del problema, que no siempre es visible cuando se discute cómo enfrentar esta plaga.

El daño que hace el clientelismo va mucho más allá de lo que un funcionario defrauda al Estado en términos pecuniarios. La gente contratada de esta manera no le es leal a la entidad que le paga su salario u honorario, sino a la persona que abusó de su poder delegado para facilitarle el ingreso al sistema. Por esa vía mantiene y acrecienta el poder de la figura política y le permite tener a disposición gente fiel que usa a conveniencia para lograr propósitos particulares, realimentando así el ciclo de la corrupción. Como la gente tiene necesidad de un ingreso, muchos terminan cediendo, con tal de que el “patrón” que “le da empleo” lo conserve en el puesto.

Ni es necesario que el político se encuentre en la misma entidad contratante. Ejerce su presión para que otra autoridad nominadora formalice la contratación. De esa cuenta, agentes externos terminan controlando lo que ocurre dentro de otra entidad: es decir, su radio de alcance y daño es mucho mayor de lo que deja entrever el escándalo de las Plazas Fantasma en el Congreso. Afecta la efectividad de la entrega de servicios y de la inversión pública en su sentido más amplio.

En ocasiones también la misma autoridad nominadora es la que opera de esta manera, colocando a personas poco idóneas —pero fieles a su persona— en puesto clave de las entidades, en detrimento de su operatividad. De hecho, muchos de los problemas gerenciales y de abandono profundo que viven actualmente las direcciones de salud, las departamentales de educación o las delegaciones del Maga y otros entes del Ejecutivo, obedecen a esta práctica; no son solamente producto de la restricción de financiamiento. Súmele a eso las connivencias con sindicatos que también han perdido su sentido de misión para explicarse la baja capacidad y calidad de los servicios.

Este asunto debería alertarnos sobre la enorme complejidad que significará atajar dicho fenómeno y erradicarlo; va mucho más allá de aprobar una nueva ley de servicio civil, asunto que de por sí no ha sido fácil tampoco. De hecho, no es una, sino un conjunto de leyes, reglamentos y normas las que “regulan” distintos aspectos que conciernen al Recurso Humano del Estado. Ese enjambre disfuncional de leyes se aprovecha más bien para alojar las prácticas clientelares y legalizarlas.

Por otro lado, si la economía real no tiene capacidad para absorber más gente, ofrecer empleos dignos y oportunidades reales de emprendimiento, el sector público seguirá siendo el único otro espacio atractivo para insertarse laboralmente.

Volvemos al tema básico: hay una fuerte interconexión entre un sistema económico excluyente y una política carente de ética, pero que ha sido útil al sistema. No podemos perder la oportunidad de meditar lo profundamente entrelazados que están ambos aspectos.

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