Gracias a que pesó más el buen juicio en la Corte de Constitucionalidad, fue posible detener uno de los más aviesos intentos políticos y judiciales por detener la lucha por limpiar al Estado de mafias y funcionarios corruptos: la güizachada firmada por el presidente Jimmy Morales, mediante la cual pretendía, cual omnímodo gobernante del siglo XIX, desterrar al comisionado Iván Velásquez, con su sola firma, sin ser refrendada por ningún ministro.

Para mayor vergüenza del firmante y de quienes hayan urdido tal documento, que por cierto fue declarado nulo de pleno derecho, la causal invocada por Morales para expulsar al jefe de la Cicig era también de suyo inválida, puesto que dentro de la ley que dio vida a la comisión de la ONU contra la impunidad figura un artículo según el cual toda diferencia o queja debe ser resuelta mediante el diálogo entre las partes, lo cual nunca sucedió, ni se quiso hacer cuando se tuvo la oportunidad.

Del presidente puede comprenderse semejante desliz, pero no de sus asesores, quienes devengan jugosos salarios para actuar de manera certera. Mucho más penoso es el voto razonado de la magistrada constitucionalista Dina Ochoa, quien pretende confundir al afirmar que el presidente sí tiene derecho de hacer declaratorias de esa naturaleza. Una clara evidencia de que ni siquiera comprendió el fondo de la discusión, pues eso nunca se puso en duda, sino que el amparo giró en torno al procedimiento arbitrario y porque el sujeto atacado no encajaba en esa categoría.

Esos son los errores en los que pueden incurrir dignatarios de la Nación cuando pierden la objetividad, en aras de quedar bien con quienes los han nombrado en el cargo, al punto de pretender tergiversar la doctrina con un sentido perverso que poco contribuye al fortalecimiento institucional y más bien evidencian lo nocivo de ese tráfico de influencias. Pudo haber ganado más quedándose callada.

Por eso se debe recelar de ese tipo de apoyo, y más de aquel proveniente de camarillas políticas a las que tampoco les interesa el bienestar de la Nación, como ocurrió ayer con el supuesto respaldo multitudinario de parte del gremio magisterial al presidente Morales, quien tampoco se debe engañar y poner en su justa dimensión los objetivos de uno de los dirigentes más inmorales, quien ha hecho lo mismo con los últimos tres gobernantes cuando navegaban en aguas turbulentas.

Otro ángulo de ese interesado y desafortunado apoyo lo mostró el martes un nutrido grupo de alcaldes cuestionados por sus vecinos, con el agravante de que de ese solidario respaldo al mandatario también salió la última convocatoria para volver a la guerra, como si eso fuera un chiste, como le ha dado a la justicia en calificar los lamentables e increíbles disparates del alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

Por más que se le siga dando vueltas al asunto, aquí la lucha sigue siendo entre quienes quieren combatir la corrupción en forma efectiva y quienes se han asustado ante los más recientes embates contra ese flagelo y por lo cual ahora intentan hacer causa común, tergiversando el espíritu de las leyes, en un claro desafío a la inteligencia y a la comunidad internacional, que parece tener más claridad de lo que ocurre en Guatemala, y por lo cual financia un proyecto como la Cicig.