Los desastres naturales no son tan naturales porque son construidos a través del tiempo por la mano del ser humano, principalmente por quienes controlan el actual sistema económico. Este tipo de desastres como que hacen su opción preferencial por los más pobres y se constituyen como una oportunidad para que el capitalismo se fortalezca.

El capitalismo es un monstruo que si no lo destruimos totalmente seguirá cobrando víctimas, y víctimas inocentes. Dicen los think thank del capitalismo que los problemas que afrontan los pobres hay que llevarlos a su máximo nivel, para que las víctimas no tengan otra alternativa que consumir lo que el modelo les está ofreciendo.

Para el capitalismo, los pobres solo son tomados en cuenta cuando se constituyen como mano de obra barata o para justificar su putrefacta democracia con el voto. Cuando son víctimas de terremotos, tsunamis, derrumbes, deslaves, accidentes, huracanes, tormentas, solo son importantes porque permiten la creación de programas sociales en donde los beneficiarios serán los mismos, o para programas de solidaridad, como las maratones radiofónicas o televisivas, las campañas como el McDía Feliz, que ahora tomó como excusa la ayuda a las víctimas de Cambray II, cuando en realidad este día le sirve a la cadena McDonald’s para evadir impuestos.

Del terremoto de 1976 hasta Cambray II desnudaron nuestra situación de desigualdad. Está por terminar el ciclo de los ODM y comenzamos la agenda 2030 y no damos muestra de querer cambiar hasta la profundidad nuestros males. Nos estamos acostumbrando a los paliativos o a generar programas de emergencia. De poco o de nada han servido los diplomados y los talleres sobre “Planificación Territorial”, que muchas instituciones privadas o públicas han desarrollado en los últimos años, porque los problemas relacionados con los asentamientos humanos siguen de mal en peor.

No es cierto que los políticos no tengan la culpa; claro que sí, porque ellos son los intermediarios entre el Estado y los pueblos, deben aprobar leyes o programas para limitar la desigualdad y la pobreza. Pero ni el Estado ni los políticos aparecen cuando se les requiere, pero sí aprueban los desplazamientos humanos que genera el sistema.

Hasta ahora se dice que hay más de 500 mil familias en situaciones como Cambray II, pero no se dice nada sobre la población que ha sido desplazada a las áreas urbanas, por la producción de monocultivos, la minera y la hidroeléctrica.

Ahora los parques están vacíos de indignados y nadie se quiere arriesgar para ir más al fondo del problema, porque, además, lo bueno es “que Guatemala solo pidió que las instituciones funcionen y que no hayan llegado a la revolución” (Aznar, Enade 2015).

Porque luchar por la justicia social es un riesgo, y son pocos quienes asumen lo que un día dijo el Che: “Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.