Uno de los mayores logros plasmado en los Acuerdos de Paz de 1996 buscaba terminar con un pasado marcado por el irrespeto a los derechos humanos, el abuso de los distintos   grupos de poder y hacer que paulatinamente el Ejército fuera volviendo a sus cuarteles y que la seguridad ciudadana quedara bajo la responsabilidad de civiles.

Eso se fue logrando de manera pausada y hace pocos meses el presidente Jimmy Morales anunciaba que el Ejército dejaba de acompañar a la Policía en las tareas de seguridad interior, lo cual no fue una decisión propia, sino obedecía a exigencias de la comunidad internacional, pero también porque se deben honrar los acuerdos que establecían claramente el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. La medida, debe señalarse, fue criticada por algunos sectores de ciudadanos de algunas poblaciones del país.

Sin embargo, desde principios de este año parece haber habido algún cambio.  Morales removió de su cargo al ministro de Gobernación y puso en su lugar a una persona que ha sido criticada porque ha dado pasos hacia atrás, como descabezar la cúpula de la PNC, para promover a otros elementos que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de la institución.

Desde su llegada a ese cargo, el ministro Enrique  Degenhart ha dado preocupantes muestras de no apreciar la  institucionalidad. Destituyó a viejos cuadros de la institución y desfiguró la primera línea de conducción de la PNC, por medio de destituir a sus directores.

Ha sido tan prolija como absurda y sospechosa esa desestructuración de una de las instituciones medulares en el control y seguridad ciudadana durante apenas ocho meses, pues Degenhart ha removido a más de un centenar de cuadros medios de la PNC  para acomodar a sus propios colaboradores, con lo cual  podría haber incurrido en irregularidades.

De hecho, esa es la queja que el martes planteó la diputada Nineth Montenegro, al denunciar que 136 de los 167 ascensos mencionados —es decir el 81 por ciento— podrían tener anomalías, por lo cual pidió a la Contraloría General de Cuentas  hacer una investigación, porque se habría incumplido el propio reglamento de ese cuerpo policial para promover a personas cuyo  mérito es muy discutible.

Al margen de lo que arrojan los hallazgos preliminares de la legisladora, ningún funcionario debería hacer remociones tan numerosas en un ministerio tan sensible por tener a su cargo la seguridad interna y mucho menos si esto es con desconocimiento de la población, lo cual evidentemente despierta suspicacias y más cuando no se respetan las normativas establecidas en los reglamentos para las promociones internas.

Una de las facetas más preocupantes en la actual conformación de la PNC es que con la llegada de Degenhart a Gobernación se han dado numerosas destituciones, algunas de ellas impulsadas por él mismo, todo lo cual hace que ninguna autoridad pueda explicar a la población las razones de los numerosos e inusuales cambios en las filas de la PNC.

Una de las grandes diferencias entre el sector privado y el público es que en este último todo debe ser justificado, para evitar interpretaciones antojadizas y más cuando se trata de movimientos en entidades de tanta relevancia. Por ello el Gobierno debe abstenerse de actuar de la manera como lo está haciendo en este tema.