Temas como la intolerancia y el fundamentalismo están de moda y llenan las páginas de los diarios y los espacios televisivos.

Curiosamente, se les aborda como un asunto lejano, propio de culturas remotas o de regímenes fanáticos, como los talibán, sin reparar que estos fenómenos campean por nuestro país.

La semana pasada estuve trabajando en la sierra de los Cuchumatanes, al norte de Huehuetenango, y pude comprobar, una vez más, cómo se afianzan en la población antivalores que exacerban el conflicto social, en un contexto en el cual el Estado y la sociedad no avanzan hacia estadios superiores que permitan el desarrollo, la democracia y la interculturalidad.

Huehuetenango es, sin lugar a dudas, el departamento más complejo del país y un reflejo concentrado de nuestra convulsa realidad nacional.

Su población fue severamente golpeada durante el conflicto armado, y por sus caminos y veredas transitó el río humano que buscó refugio en México para salvar la vida.

En él conviven, en tensión, más de diez culturas, con sus respectivos idiomas y creencias; los índices de exclusión social son de los más altos del país, con su cauda de analfabetismo, insalubridad, desempleo y hacinamiento; se afianzan, como tumores sociales, sectas fundamentalistas y organizaciones de corte paramilitar; prolifera la migración, el contrabando y el narcotráfico, por una larga y desprotegida línea fronteriza, generando dramáticos contrastes económicos y un sórdido clima de impunidad.

Todo ello, en el marco de una belleza natural sin par, que va de la tierra caliente y seca, al sur, hasta las selvas tropicales de Barillas, pasando por el frío páramo de Paquix y las cumbres nubosas de los Cuchumatanes, donde habita una secta religiosa -de indígenas y ladinos- que anuncia un nuevo diluvio, del que sólo ellos sobrevivirán porque serán salvados por extraterrestres.

La cooperación y los bancos internacionales han realizado millonarias inversiones para promover el desarrollo de Huehuetenango, pero las carencias sociales acumuladas por siglos hacen que tal esfuerzo sea apenas perceptible y, en muchos casos, genera nuevos problemas.

El funcionamiento del aparato estatal es aún muy deficitario, incluyendo la administración de justicia, a pesar de los valiosos esfuerzos realizados, tales como la creación de un Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia, en el corazón de la cultura q?anjo?bal.

Paradójicamente, todavía ardían la Subestación y cinco patrullas de la PNC en San Antonio Huista -quemadas por una turba enardecida por la muerte de un líder comunitario, presuntamente asesinado por dos agentes- mientras yo impartía un taller sobre el pluralismo jurídico a jueces y fiscales, tratando de convencerlos sobre la necesidad de una nueva justicia para la paz.

Los fundamentalistas evangélicos presentan frecuentemente denuncias en contra de quienes practican la espiritualidad maya, acusándolos de brujos y demandando su encarcelación.

Las denuncias no prosperan porque nuestra Constitución garantiza la libertad de cultos, pero refleja una creciente intolerancia religiosa, profesada también por los carismáticos, quienes rechazan la doctrina social de la Iglesia Católica, atrincherándose en un conservadurismo decimonónico.

Muchas autoridades tradicionales indígenas han sido sustituidas por los ex comandantes de las PAC y por una emergente casta de voraces comerciantes, enriquecidos gracias al contrabando masivo y a la evasión fiscal, quienes impulsan un capitalismo salvaje que no respeta más ley que la de la usura. Esta nueva dirigencia, que hace gala de atraso e intolerancia, se opone violentamente a todo cambio democrático o institucional que atente contra su poder.

El racismo sigue gozando de buena salud, y sus preclaros exponentes insisten en que el problema radica en ?el salvajismo de los indios?, a quienes hay que ladinizar para redimirlos. Olvidan que esa cultura ?civilizatoria? ha engendrado bestialidades tales como la conquista, la esclavitud, el repartimiento de indios, la sobreexplotación, las masacres, las Aldeas Modelo, el servicio militar obligatorio y, ahora, el narcotráfico y la migración.

Organizaciones de mujeres, cooperativas, comités de desarrollo, instituciones lingüísticas y organizaciones de la sociedad civil, son la expresión de un valioso esfuerzo ciudadano por una cultura de paz, que brega contra la intolerancia y el atraso generados por la guerra, la pobreza, el racismo, el fundamentalismo religioso, la impunidad, el capitalismo salvaje y el narcotráfico, tumores que se albergan en el corazón de nuestra nación.