De manera creciente, los guatemaltecos comienzan a ejercer su ciudadanía, a fiscalizar a los funcionarios públicos y a exigir sus derechos. Este positivo fenómeno tiende a generalizarse en aquellos municipios donde la ineptitud y corrupción de los alcaldes harta a los vecinos, quienes -en el ejercicio del poder soberano- buscan revocar el mandato otorgado a ediles incapaces y venales.

Los recientes casos de Mazatenango, Suchitepéquez, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se han venido a sumar a la larga lista de movimientos cívicos que, aunque espontáneos e inconexos, configuran una creciente tendencia ciudadana a fiscalizar y remover a Alcaldes corruptos, que hacen del erario municipal una piñata personal.

De los dos sucesos citados, el de Mazatenango es el más curioso, pues es encabezado por Eugenia Abularach, esposa del oficialista gobernador departamental, logrando la remoción de Carlos Orellana, alcalde electo por el partido de gobierno, gracias al apoyo del pueblo y del Concejo municipal.

En San Pedro Sacatepéquez, el asunto aún no se ha resuelto y los vecinos le fijaron un plazo perentorio a Lauro de León para que renuncie a la Alcaldía, por presuntos desfalcos. En este caso, la corporación municipal avala al alcalde, y se niega a respaldar su remoción.

En ambos municipios, los vecinos han recurrido a la convocatoria de cabildos abiertos para pedir cuentas a los alcaldes y, ante las evidencias encontradas, han exigido su remoción. Anteriormente, las resoluciones que los vecinos tomaban en un Cabildo Abierto eran vinculantes; en la actualidad, el Código Municipal establece que, en tales reuniones, los vecinos solamente son consultados y las decisiones las toma el Concejo Municipal.

Esta disminución de los alcances y facultades del Cabildo Abierto evidencia el escaso valor que los legisladores le han dado a la función de fiscalización cívica, así como su restrictiva concepción de la ciudadanía. Sin embargo, esa es la norma vigente y hay que respetarla pues, por definición, el civismo implica ?celo por las instituciones e intereses de la patria?.

Una de las pocas conquistas sociales de la Revolución de Octubre de 1944 que aún prevalecen es el régimen de autonomía municipal. Este se ha visto mermado por múltiples razones, en contraposición al proceso de descentralización que los Acuerdos de Paz, y la democracia moderna, recomiendan.

Existe una creciente tendencia entre los políticos de confundir descentralización con desconcentración. Esta última, que es la que privilegian, implica una ejecución local de decisiones centralmente establecidas. A contramano, la descentralización implica delegar el poder de decisión, el órgano administrativo y los recursos; si esta se impulsara, los vecinos incrementarían su participación ciudadana y todo el país saldría ganando, pues las políticas públicas gozarían de la legitimidad que hoy adolecen.

En Guatemala, por lo menos durante los últimos 30 años, muchas de las contradicciones sociales se incubaron, se desarrollaron y se dirimieron en el ámbito municipal. En él se concentra la producción de nuestra economía agraria, allí surge la confrontación social primaria y en él se ejerce el primer nivel del poder hegemónico. Por ello, la confrontación armada más álgida se libró entre la guerrilla local y las Patrullas de Autodefensa Civil.

Por estas razones históricas, la conflictividad social debe ser resuelta, en primera instancia, en el ámbito municipal, con plena participación de vecinos, alcaldes y corporaciones ediles. En el marco de nuestra débil institucionalidad, es fundamental la constitución de movimientos cívicos para lograr que las autoridades se sometan al imperio de la ley, pues la corrupción y el autoritarismo siguen campeando entre los funcionarios públicos, quienes se cobijan en el régimen de impunidad imperante.

Los vecinos, ejerciendo el poder soberano, buscan revocar el mandato otorgado a ediles incapaces y venales. Todavía falta mucho camino por recorrer para lograr que la democracia sea un gobierno del pueblo y para el pueblo pero, al menos en algunos municipios, los ciudadanos comienzan a definir su destino; ojalá y esa práctica se extienda al resto de la nación.