Por invitación de un alumno de los programas de posgrado en los que imparto docencia visité el primer Centro de Rehabilitación y Reinserción CRR-1, ubicado en el complejo carcelario de Fraijanes, que se abrió en marzo de 2017, con mujeres en situación de cumplimiento de condena. Me pareció interesante, porque considero que aquí hay un modelo que si se aplica a todo el sistema penitenciario, la situación carcelaria del país será diferente.

Observar varios cambios que marcan diferencia me dejó con una impresión de que si el Gobierno se lo propone, puede, en corto plazo, revolucionar el sistema penitenciario, pero sobre todo reducir la reincidencia. Entre ellos puedo mencionar: no se maneja dinero en efectivo, lo que erradica la cuota de poder y corrupción. Se define una cuota económica por privado de libertad, cuyo familiar debe depositar en la entrada del Centro; no se permite más de lo estipulado, el interno lo recibe por medio de tickets que usa para consumo en la tienda; se garantiza proveer los utensilios básicos para su existencia y golosinas. Ni administrativos ni personal ni visitas pueden ingresar efectivo. Tampoco se ingresa comida. Las privadas y personal de la institución elaboran los alimentos para los tres tiempos de alimentación establecidos. El personal administrativo y agentes también tienen la restricción; todos comen lo mismo que las privadas de libertad. Esto asegura a las reclusas que la comida “es digna”.

Se maneja un horario regimental donde las privadas de libertad están ocupadas desde las 6.30 hasta las 21 horas. La limpieza del centro, excepto los dormitorios de los agentes, es responsabilidad de las reclusas. La educación formal es obligatoria, así como cursos de capacitación, entre ellos computación, hortalizas, cocina, belleza, música y danza. Además se implementan actividades por destino, en base al perfil de cada una de ellas, como limpieza, cocina, lavar platos, servir comida, etc.

Cuando llega al centro la privada de libertad, se aloja en un pabellón de observación durante 15 días. Al final llega a determinarse su perfil de personalidad, criminalidad y escolaridad. En una Junta de Tratamiento se definen y asignan actividades para su rehabilitación. En este tiempo entregan una lista de 25 personas que pueden visitarle. Estas son investigadas y se define si es para su beneficio que le visiten. Las visitas solo se realizan durante el fin de semana y duran dos horas; ingresan un máximo de cuatro personas, autorizadas y tomadas de esta lista. Además de la Junta de Tratamiento existe la Comisión de Evaluación y Sanción, encargada de imponer sanciones cuando una privada comete faltas, así como una evaluación trimestral de cada una, para un informe a los jueces.

Se está trabajando para “la libertad”, pero “una libertad con sentido”, pues actualmente la reincidencia está arriba del 74%. La idea es que la reclusa no reincida al retornar a la sociedad. Con esto se reducirán los índices de criminalidad. El modelo es una copia del Modelo Penitenciario de República Dominicana, que ha sido muy exitoso. En Guatemala el proceso inició en 2016, se seleccionó para trabajar a personas de Quiché, departamento con menos incidencia violenta en el país. Se capacitaron en República Dominicana durante tres meses y al retornar se abrió una academia para formar a las futuras generaciones de agentes y personal administrativo, que funciona en la finca expropiada al expresidente Otto Pérez, en Zaragoza, Chimaltenango.

Se está buscando a largo plazo la autosostenibilidad, al capacitar a las reclusas para que sean productivas. Los presupuestos y puestos carcelarios deberían reformarse para ponerlos al servicio de un nuevo modelo como este.

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