¿Queremos que el sistema público de salud y seguridad social siga involucionando hasta el colapso, sin importar las vidas perdidas en el proceso? O ¿queremos más bien profundizar el esquema del “sálvese quien pueda”, al que nos orillan con la ambición de privatizar el IGSS y que los más enfermos y más pobres se vayan al hoyo al no poder pagar? ¿O podemos finalmente aceptar que todos somos miembros de esta comunidad llamada Guatemala y que tenemos igual derecho a la salud y la seguridad social? Es a partir de esa claridad de visión, y de un acuerdo político entre ciudadanos que lo respalde, que se debería plantear qué hacer de ahora en adelante —y para los próximos 30 años— con las instituciones del sector salud.

Eso no está pasando: No hay claridad siquiera de cuál es la visión de reforma que impulsan. Hay un documento, presentado oficialmente hace unas semanas, que solo puede calificarse de boceto; con pinceladas aquí y allá, que dejan mucho margen a que cada quien lo rellene según su imaginación o sus prejuicios. Curiosamente, el único esbozo de marco estratégico que ofrece está al final del documento, no al principio; posiblemente porque se escribió de último, o lo escribió otra gente; o para que se nos pase por alto.

¿Qué proponen en concreto? A cinco años plazo: 1. La redefinición de las competencias y funciones del MSPAS y del IGSS (pero no dice cuáles ni cómo); 2. Reformar y separar las funciones de salud y previsión social y de los seguros de salud (pero no dice qué ni cómo); 3. Actualizar el marco jurídico de la seguridad social, integrando todas las fuentes de financiamiento en un solo “pool” con regulaciones, recursos y riesgos similares. 4. Establecer un “Fondo Nacional de Salud” alimentado por múltiples fuentes; 5. “Devolver” los servicios de salud a la administración local —municipal y departamental (como que alguna vez hubiera sido así)—. 6. Establecer entidades autónomas de evaluación de la calidad de los servicios y los bienes e insumos que se ofertan al sistema. Hay etapas intermedias que no alcanzo a describir por razones de espacio.

Una cosa clave que no menciona es cómo incrementar el financiamiento para salud; tampoco cómo mejorar la mezcla público privada de gasto, para hacerla más eficiente; ni qué cambios introducir al modelo de atención; mucho menos cómo fortalecer las funciones de rectoría y regulación del MSPAS e IGSS para gobernar este complejo sistema de salud, conformado por múltiples proveedores públicos y privados de servicios, bienes e insumos.

Frente a eso, ¿qué nos dice la realidad? Han pasado seis meses y no han logrado siquiera estabilizar la situación de abastecimiento de los servicios públicos de salud, ni en el MSPAS ni en el IGSS. Le callaron la boca al San Juan de Dios con 100 millones este trimestre para que dejaran de protestar, pero el resto de servicios sigue paliando la falta de insumos.

En lugar de cooperar, se les va el tiempo en “peleas de gallitos”, viendo quién termina poniendo su marca en el MSPAS; mientras tanto, en el IGSS domina la parálisis y el desabastecimiento de los servicios; los procesos siguen cooptados por las empresas proveedoras, mientras los empleados están sin garantías de que adjudicar un proceso de compras no les significará la cárcel porque los ponen a firmar lo que otros amañan. Y de Minfin seguimos esperando la operatividad de la nueva ley de compras.

Prácticamente ya se perdió el primer año de gobierno. Sin estabilizar la situación de los servicios, no hay reforma posible. Los juegos de poder tienen un límite. En salud ya lo toparon. Es hora de ponerse a gobernar.