El aumento de la criminalización y persecución en contra de las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas ha sido evidente. En cinco días fueron asesinados tres dirigentes campesinos. Luis Arturo Marroquín, encargado de la coordinación de la región Oriente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), fue muerto a tiros en San Luis Jilotepeque, Jalapa, el 9 de mayo. Un día después, José Can Xol, miembro de la junta directiva regional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fue asesinado en la comunidad Choctún Basilá en Cobán, Alta Verapaz. Y el 13 de mayo, otro integrante del CCDA, Mateo Chamán Paau, fue secuestrado y luego su cuerpo apareció sin vida en un río de la comunidad de San Juan Tres Ríos, Cobán, Alta Verapaz.

Codeca y el Comité Campesino del Altiplano son organizaciones que trabajan defendiendo los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, especialmente en los temas relacionados a la defensa de la tierra y del territorio. En el caso de José Can y Mateo Chamán, a solicitud de sus comunidades, ambos participaban en un proceso de diálogo con el gobierno para buscar una solución a más de 50 conflictos agrarios.

Estas tres muertes violentas envían un nefasto mensaje a todas las personas, comunidades y organizaciones que defienden sus derechos. Buscan paralizar y desarticular los movimientos de resistencia contra los megaproyectos —que se impulsan sin contar con el consentimiento de las comunidades— y detener la histórica organización y movilización campesina en reclamo por la tenencia de la tierra y el desarrollo rural integral.

Las autoridades están llamadas a realizar una pronta investigación de los hechos que lleve a enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos y determine si los mismos están relacionados con las actividades de defensa de derechos que realizaban los tres líderes campesinos. La impunidad no puede ser la respuesta que reciban sus familias y sus organizaciones.

Es preciso entender que estas muertes violentas no se dan de manera aislada, forman parte de una estrategia sistemática de represión y criminalización que se ha mantenido en los últimos años. Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), entre 2012 y 2017 se registraron 909 actos de criminalización, la mayoría en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. Los ataques van desde amenazas, campañas de difamación y calumnia, acoso, detenciones ilegales y arbitrarias, persecución penal y privación de libertad.

En su informe preliminar de la visita que realizó este mes de mayo a Guatemala, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, mostró su preocupación por los señalamientos y la persecución que sufren las y los dirigentes indígenas y campesinos quienes son tildados como criminales por defender su tierra y territorios. La relatora instó al gobierno a asegurar las medidas de protección apropiadas y reiteró que los pueblos indígenas tienen derecho a defender pacíficamente su tierra, territorio y recursos naturales.

En este momento convulso que vive el país, en el que los niveles de confrontación e intolerancia han aumentado exponencialmente, las personas y los sectores que viven en situación de vulnerabilidad son siempre los más afectados. Los discursos públicos de descalificación como el pronunciado por Jimmy Morales en contra de Codeca, abonan el camino para la desestabilización y la agudización de la conflictividad y la criminalización.

@MarielosMonzon