Aunque a mi juicio el Tribunal Supremo Electoral de hoy en día no está actuando con la diligencia necesaria en las actuales circunstancias, y se le puede criticar por su integración, se trata de una institución primordial para el funcionamiento de la democracia electoral existente en el país. Una de las razones más claras la constituye la facilidad existente desde 1984, cuando se pensó —equivocadamente— en la proliferación de partidos como una prueba de democracia. La cancelación de aquellas agrupaciones electoreras creadas alrededor de un autodenominado líder, generalmente también financista, es una consecuencia natural del paupérrimo resultado electoral de quienes se encuentran de pronto con el portazo de la realidad. Simplemente, no sirven para nada.

Actualmente hay inscritos 24 partidos y en lista de espera otro tantos. Es pavoroso, no solo por el número, sino por su carencia de bases ideológicas, sustituida por conceptos abstractos y por ello susceptibles de diferentes interpretaciones, todas según los intereses de quienes los forman, con el fin fundamental del enriquecimiento ilícito y del aprovechamiento de las ventajas del ejercicio malsano de la política. Dentro de esa realidad, a nadie debe sorprender la recepción de financiamiento ilícito, o convertido en tal porque los partidos y su gente no quisieron cumplir con los requisitos legales, seguros de la impunidad —por un lado— o ignorantes, por incapacidad de sus dirigentes y de los donantes, de las consecuencias de investigaciones legales.

Dentro de esa realidad, y como consecuencia de la propia decisión de los diputados, los tránsfugas tienen vedado el camino para saltar de partido en partido y con ello de abandonar su actividad de saqueo de la cosa pública. Según algunos afectados, esta prohibición del transfuguismo le otorga poder a los propietarios de los partidos para ser la vía de negociaciones, casi nunca correctas, y entonces salir de un partido implica el fin de la carrera política de alguien. Según otros, el cierre de los partidos beneficia la participación de los narcos, criterio fácil de derrumbar cuando se razona al revés: estos grupos ilegales tienen más posibilidad de crear narcopartidos si las condiciones son fáciles de cumplir. Ante estas realidades, los tránsfugas se están movilizando.

Entre las acciones de estos personajes, una de las presiones directas o indirectas la constituye una exigencia cuya absurdez es evidente: quitarle al TSE la propiedad de cancelar a los partidos. Es decir, una vez formado uno, se quedaría para siempre en el panorama político nacional. Lo único más absurdo sería pedir el renacimiento de aquellos partidos desaparecidos porque murieron sus seguidores, no se modernizaron en las dirigencias, y simplemente dejaron de tener representación en el Congreso o no obtuvieron el porcentaje mínimo de votos requerido por la ley. Los ponentes a este ridículo no se han tomado la molestia de explicar la causa de existencia del TSE, además de ser un simple árbitro para las elecciones. En realidad, no puede caber en la cabeza de nadie.

La limpieza total de los partidos políticos inscritos es una necesidad urgente. Simple y sencillamente todos han recibido en alguna forma financiamiento ilícito o han superado los gastos de campaña. Si el TSE no actúa con igualdad, tiene en su seno el engendro de su propia destrucción Por eso, la eliminación de la UNE del panorama político nacional resulta ser fundamental. No hacerlo, en forma directa o indirecta beneficia a las fuerzas interesadas en establecer una dictadura. Por aparte, es esperanzador el surgimiento de jóvenes estudiosos de la ciencia política, de donde podrían EMANAR intentos de verdaderos partidos, en una forma similar a como ocurrió en 1944, con motivo de la Revolución de Octubre, con la mente centrada en no repetir los errores de esa época.