El año pasado inició una nueva era en Guatemala, finalmente se empezó a perseguir legalmente a involucradas en actos corruptos.

En un país como este, donde la corrupción ha sido por mucho tiempo el principal problema, estos primeros esfuerzos por combatirla han sido un grato ungüento. Sin embargo, considero que todavía falta perseguir el foco más importante de la corrupción: el gasto público.

Hay que ponerlo todo en perspectiva. Según algunos estimados de los que se ha hablado en otros momentos, incluso hasta por gente de los organismos internacionales, es posible que alrededor de un 30 por ciento del presupuesto se pierda en corrupción. Anecdótica e irónicamente, este es un dato que hasta la misma Roxana Baldetti utilizaba en sus tiempos de la llanura. El presupuesto es un poco mayor a los 70 mil millones de quetzales, por lo que hay un potencial de corrupción de por lo menos veinte mil millones de quetzales cada año.

Comparativamente, en el caso La Línea se argumenta que el Gobierno perdió unos 28 millones de quetzales. Incluso en el caso TCQ, el Ministerio Público (MP), argumentó que se podrían perder —a lo largo de 25 años— alrededor de cuatro mil millones de quetzales. Aún si esa cifra fuera correcta —de lo cual tengo serias dudas— estamos hablando de 160 millones de quetzales al año, es decir, apenas una pequeña fracción del potencial de corrupción dentro de la administración pública.

¿Por qué saco esto a colación? Porque de los casos que se conocen, con contadas excepciones, la mayoría tiene que ver con los ingresos del Gobierno y no con los gastos. Ya hay algunos casos relacionados con los gastos, como por ejemplo el del agua mágica de Amatitlán, el caso IGGS-Pisa y el de las plazas para fantasmas de Muadi. Pero esos son apenas una ínfima fracción del grueso de la corrupción en el gasto.

¿Dónde están las investigaciones sobre la ejecución de obra pública, tanto en el Micivi como en el Listado Geográfico de Obras? Solo allí son más de 10 mil millones de quetzales anuales, que buena parte se pierden en el limbo de la corrupción. ¿Dónde están las investigaciones sobre las compras de medicinas en el Ministerio de Salud? ¿Y el gasto en Educación? ¿Y las compras en Gobernación? Y así sucesivamente en todos los ministerios y dependencias públicas.

Algunas personas “informadas” dicen que ya se están haciendo algunas investigaciones al respecto. El problema es que el resto de los mortales solo nos enteramos hasta que estas salen a luz y hay una acusación formal. Así que mientras no las haya, pues todo cae en el ámbito de la especulación.

Otros afirman que ya han caído algunos de los que participan de esa corrupción, como un señor con orden de captura como consecuencia de haber “lavado” algo del dinero del caso TCQ, que resulta que es el “contratista” de obra más grande del Gobierno. Pues no digo que no esté bien que tanto Otto Pérez Molina como Roxana Baldetti y otros muchos estén en prisión o con orden de captura como consecuencia de algunos de estos casos, sino que deberían ser perseguidos también y especialmente por todos los casos de robo del dinero de los tributarios a través del gasto público en los que de seguro muchos de ellos también participaron. Por ejemplo, en el caso de este contratista, ¿se le va a investigar también por todas las obras en que participó?

Hay que entender que si no se realizan estas investigaciones y acusaciones, habremos salido solamente de algunas personas corruptas, pero la corrupción seguirá allí, vivita y coleando. ¿Nos vamos a conformar con eso o exigiremos que se investigue también la corrupción en el gasto público?

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