no cumple con su función de fiscalizar y comprobar que los bancos y financieras no transgredan la ley, como lo es, realizar cobros ocultos. Estas empresas ya no tienen límite, ni mucho menos vergüenza, para cobrar intereses excesivos, moras, cargos por servicio, seguros y, lo peor, intereses sobre una suma de dinero que ya se canceló puntualmente, aduciendo que el “sistema” así está diseñado.

Me explico: una persona debía pagar a su tarjeta de crédito Q14,670.00 este 6 de enero, ese día hizo un pago de Q3,770.00, dejando un saldo de Q10,900.00. A los 15 días fue a pagar el resto, aceptando que debería pagar intereses por esos 15 días que se tardó en pagar el saldo, pero, ¡oh, sorpresa!, el “sistema” le hizo pagar Q483 de intereses correspondientes no al saldo, sino sobre la suma total, o sea, un asalto descarado, no con pistola en mano, sino esgrimiendo la Ley de Bancos, que se los permite. ¿Para qué entonces hacer el esfuerzo de pagar puntualmente parte de la deuda, si con un quetzal que dejemos de pagar el sistema de “asalto” nos cobra intereses por la totalidad? Y si por descuido, por falta de tiempo o por ignorancia no chequeamos nuestros estados de cuenta y dejamos pasar los días, esa monstruosidad legal nos sigue esquilmando mes a mes. Por intereses nos cobran mensualmente 5.8% más IVA; por mora, 5.8% más IVA, o sea, 156% anual, pero como los intereses y la mora se van capitalizando, quienes no pagan puntualmente sus consumos totales del mes jamás salen de ese deuda. Para comprobar ese extremo pregunté en varios bancos del sistema cómo funciona el cobro de intereses sobre los saldos de las tarjetas, y, efectivamente, corroboré lo anterior.

Señor procurador de los Derechos Humanos, en cuyas atribuciones está investigar y denunciar comportamientos lesivos a los intereses de las personas y promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Señores de la SIB, a quienes la Ley de Bancos y Productos Financieros los obliga a supervisar que se cumpla con la ley y que no existan cobros ocultos; señores diputados, de quienes nuestra Constitución dice que ustedes representan al pueblo, y que aun cuando ya se presentó una iniciativa de ley para modificar el decreto 19-2002, ustedes la mantienen engavetada; señores de la Diaco, que se supone son los defensores del consumidor; Cocodes, estructura comunitaria creada para impulsar la participación de la población en la planificación del desarrollo y en la gestión pública a nivel local; organizaciones de la sociedad civil; organizaciones estudiantiles; organizaciones indígenas; presidente y vicepresidenta, ustedes han sido electos para que, entre otras cosas, presenten proyectos de ley que favorezcan a la ciudadanía, ¿Cuándo harán algo y ejercerán presión para que se modifique la Ley de Bancos, prohibiéndoles a estas empresas leoninas esos cobros exagerados y a veces ocultos que nos sorprenden?

Es mi experiencia y la de muchas otras personas que conozco tener que ir a pelear por un cobro de un seguro que nunca se nos ofreció, ni mucho menos aceptamos; por el cobro de una renovación de tarjeta que cuando nos la ofrecieron nos aseguraron que era gratis; por el cobro de intereses y mora del seguro de una tarjeta de la que jamás hemos recibido el plástico, etcétera. Esta voracidad afecta a todos los guatemaltecos. Por eso, mi llamado es a todos aquellos que de alguna forma puedan lograr que se cambie esta ley en beneficio de la nación completa.

ruthprem@yahoo.com