No cabe ninguna duda, Álvaro Arzú Irigoyen ha copado el poder. El alcalde capitalino se ha convertido en el eje central del Pacto de Corruptos que pretende aplastar la lucha contra la impunidad, sin importarle con quién deba aliarse con tal de alcanzar sus objetivos espurios. El más reciente bastión donde el jefe edil puso sus reales es el Congreso, en el cual colocó a Álvaro Arzú Escobar, su hijo, quien le servirá como caja de resonancia para impulsar su plan que pretendería desarticular las acciones en su contra del Ministerio Público (MP) y la Cicig. En esa cruzada ha logrado reclutar al presidente Jimmy Morales y al alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, que dirige la Asociación Nacional de Municipalidades.

La elección de la nueva junta directiva es un ejemplo de cómo los intereses de la vieja partidocracia se impuso a base de compra de votos y con el objetivo de que el viejo orden corrupto se mantenga, para beneficio de todos, diputados y alcaldes. ¿Cómo es posible que el minúsculo Partido Unionista con un único diputado haya logrado escalar hasta la presidencia del Legislativo? La respuesta está en la confluencia de intereses del oficialista FCN, lleno de tránsfugas procedentes de Líder y del Partido Patriota, y el alcalde capitalino. La vieja política se ha reconstituido y la cual dice desconocer el diputado Estuardo Galdámez, quien, junto con la diputada Alejandra Carrillo, son operadores de los líderes del Partido Patriota encarcelados en el Mariscal Zavala. Ellos representan la escoria de la política, a la cual se agregaron nombres nefastos como el de Felipe Alejos, cuya familia se ha visto beneficiada con negocios oscuros con el Estado y que no dudan en la compra de voluntades.

Después de ver la monstruosidad que ocurrió el sábado en el Congreso, no caben dudas de que detrás de la decisión del presidente Morales de echar del país a Iván Velásquez habría estado la mano del alcalde metropolitano. Basta ver la influencia que Álvaro Arzú padre tiene sobre el gobierno actual que hasta se creó la figura de un embajador comercial para América del Sur, que recayó en Roberto Arzú, cuyo mayor conocimiento es en futbol. ¿Qué intereses mueven al alcalde Arzú? Muchos, entre ellos mantener en total secreto los fideicomisos que suman más de Q1.6 millardos que maneja con discrecionalidad. El alcalde también estaría interesado en evitar que salga a luz el involucramiento de su hijo Diego, actual diputado en el Parlacén, en el asesinato del obispo Juan Gerardi y que estaría en el fondo de los vínculos políticos y comerciales con el extinto capitán Byron Lima, cuyos negocios turbios llevaron al MP y la Cicig a pedir antejuicio contra Arzú. Como se ve, nada de lo que ocurrió en el Congreso el pasado sábado es casualidad, ya que forma parte de una estrategia mayor para deshacerse de las investigaciones que incriminan al jefe edil en hechos ilícitos.

Por esas razones sonó sin sentido el discurso del presidente Morales el sábado, cuando presentó su segundo informe de gobierno, en el que apuntó entre sus logros la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la fiscal general, Thelma Aldana, corrigió al mandatario al asegurar que este no es un aliado contra la corrupción. Jimmy Morales forma parte del Pacto de Corruptos que, para evitar los señalamientos en su contra, ha conspirado contra el MP y la Cicig, al grado de pedir a las Naciones Unidas la revisión del mandato de ese organismo. Como están las cosas, no sería raro que el presidente de la República y el del Congreso, azuzados por el alcalde Arzú, traten de sacar del país a la Cicig y colocar en el MP a un monigote que siga sus directrices. Esta es la cruda realidad que existe ahora en Guatemala, en el que la partidocracia venal trata de destruir los logros que alcanzó la sociedad civil en el 2015, cuando elevó su voz contra la corrupción y la impunidad.