Dos hechos desconcertantes se produjeron ayer, vinculados con la nueva proyección del gasto y la porción que se recauda con demasiado esfuerzo o resistencia, la cual de todas maneras siempre es insuficiente.

En el primero, la Comisión de Finanzas del Congreso le dio dictamen favorable al presupuesto de gastos para 2018, el cual quedó en Q84 mil 596 millones y no en los Q87 mil 922 millones programados por el Ministerio de Finanzas, aunque en ambos casos las previsiones se quedan cortas y una vez más Guatemala deberá recorrer a la vieja costumbre de pedir prestado para llegar a ese techo.

Este nuevo proyecto conlleva otras serias implicaciones, como el hecho de programar Q63 mil millones en recaudación, meta irreal porque pese a los esfuerzos de la actual administración solamente vislumbra llegar en el actual ejercicio fiscal a una recaudación cercana a los Q59 mil millones, con lo cual se vuelve a apostar por un mayor déficit fiscal, que solo se puede cubrir con nuevos préstamos.

El segundo hecho tiene que ver precisamente con la tradicional reticencia a pagar impuestos y ayer el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria también denunció que en esa búsqueda de recursos ha tocado la puerta de distintas embajadas acreditadas en nuestro país, para recaudar los tributos de quienes no cumplen con criterios legales para estar exentos, aunque se ha topado con una enorme resistencia por parte de la diplomacia.

La denuncia concreta del superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa es que ha recibido bastante colaboración de algunas sedes diplomáticas, excepto del nuncio apostólico, Nicolás Thevenin, quien es uno de los más reacios a esos requerimientos, al extremo de ser señalado de enviar cartas intimidatorias, lo cual iría en detrimento de la recaudación.

Thevenin cobró fama por ser uno de los protagonistas en la ofensiva que el Gobierno desató en su intento por expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al haber facilitado una reunión en la que el presidente hizo saber a varios diplomáticos de esas intenciones. Esto no ocurrió solo una vez, y no coincide con los mensajes contundentes del papa Francisco, quien ha sido un acérrimo crítico de la corrupción.

El objetivo de la SAT era que la representación del Vaticano acreditada en nuestro país simplemente contribuyera con dar a conocer el listado de personal guatemalteco o extranjero que podría ser sujeto de deducciones impositivas, como lo hacen miles de guatemaltecos en situación de dependencia, pero la negativa fue rotunda, con lo que el Nuncio Apostólico parece ubicarse del lado incorrecto de la historia.

El problema es que cuando ese tipo de barreras se unen a los desproporcionados presupuestos, deficitarios además por la recaudación insuficiente, eso repercute en el bolsillo de millones de guatemaltecos, quienes tendrán que contribuir, con todo y sus descendientes, a pagar proyectos de gastos insostenibles, porque es patente la ineficiencia pública y la pertinaz obsesión por atender un modelo clientelar y de pago de favores para lo cual siempre serán insuficientes los recursos que con mucho esfuerzo y venciendo obstáculos busca el ente recaudador.