Con motivo del bicentenario de la Independencia 1821-2021, se hace un recorrido de lo que hicieron los presidentes en la Hacienda Pública y los tributos en Guatemala, esta vez con ocasión de la renuncia del presidente Jacobo Árbenz, el domingo 27 de junio de 1954.

Este hecho lo dio a conocer el Diario El Espectador, de Guatemala, el viernes 23 de julio de 1954, en declaración personal y auténtica del propio exministro de Hacienda, emitida en fecha inmediata a la caída de Árbenz.

Dice así el exministro Raúl Sierra Franco:

Y en cuanto las circunstancias lo permitieron y estando juntos tanto el coronel Jacobo Árbenz y el coronel Carlos Enrique Díaz, pregunté al primero cómo se haría para legalizar la operación, habiéndome indicado que no tuviera ninguna pena ni cuidado, ya que el coronel Carlos Enrique Díaz, que en ese momento acababa de hacerse cargo de la presidencia de la república, a más tardar el martes arreglaría ese asunto. A lo cual el coronel Díaz manifestó que no habría ningún problema y que se procedería a entregar los comprobantes y legalizar la operación, lo cual forzosamente tendría que hacerse antes de finalizar el año fiscal; es decir, antes del 30 de junio.

En vista de los sucesivos y rápidos cambios de gobierno, tanto el lunes 28 como en la mañana del martes 29 de junio, estuve tratando de hablar con los miembros de las juntas de gobierno, con la que fungió el lunes, como con la que se hizo cargo del poder el martes, sin haberlo logrado, llamé por teléfono varias veces indicando se trataba de un asunto urgente, así como llegando personalmente como consta a los oficiales mayores de la secretaría presidencial, porteros y ayudantes del estado mayor presidencial.

Mi objeto era enterarlos del asunto y rogarles pidieran a los funcionarios responsables la comprobación del caso o que se legalizara la operación; lamentablemente ello no fue logrado permaneciendo en mi puesto hasta las 13½ horas del martes 29 de junio, en espera de rendir cuentas o que se designara a alguien para recibir el puesto. Ya por la tarde no pude volver en vista de que la muchedumbre armada en distintas formas, indiscriminatoriamente (sic) estaba obrando de hecho contra las personas y especialmente contra los funcionarios del gobierno depuesto, por lo que para garantizar mi seguridad personal recurrí al protector asilo de la Embajada Argentina, en donde inmediatamente informé de los hechos aquí apuntados.

Esta es la relación exacta de lo ocurrido. Dejando clara constancia que yo no he recibido ni un solo centavo del millón de quetzales que ignoro totalmente su paradero. Si no se llenaron los requisitos legales establecidos para toda erogación, se debió a la situación de emergencia por la que atravesaba el país, tiempo durante el cual se rompieron todas las normas administrativas establecidas, especialmente a partir del día 19 de junio por la tarde, en que ya se estuvieron cubriendo gastos sin la existencia de partidas específicas, ya que ello era imposible que fuera así, pues ninguna legislación, ni disposición presupuestal podía prever un movimiento armado o una situación similar a la que se pasó y que cualquier erogación tuviera que seguir el trámite ordinario de por sí tardío y que cuando menos requería un tiempo de quince días de papeleo.

Telefónicamente traté el caso con el presidente del Tribunal de Cuentas, habiéndose convenido en abrir cuenta especial en la Tesorería Nacional para Gastos de emergencia y posteriormente al liquidar los gastos y finalizar el año fiscal, emitir el Decreto de transferencia presupuestal y los acuerdos de erogación por las cantidades efectivamente gastadas de acuerdo con los comprobantes respectivos.