Si bien es cierto las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público han arrojado resultados positivos que han puesto al descubierto lo mal que funciona el Estado, hablamos del ayer, pero no debemos descuidar lo que pasa en el presente.

Las acciones han sido loables, pero si queremos recalcar que todo debe estar acorde a nuestra Constitución y a nuestras leyes, se debe respetar el debido proceso y hasta la misma Cicig debe ceñirse a su mandato y revisar su estatus, ya que actualmente no está de acuerdo con la Convención de Viena y gozan sus funcionarios de una inmunidad diplomática que no cabe dentro de nuestra legislación. Sí estamos de acuerdo en que deben tener derecho de antejuicio, para protegerlos de acciones legales espurias e improcedentes. Me decía un diputado que la razón es porque son miembros de Naciones Unidas. Entonces los empleados de FAO, Unicef y Unesco tendrían el mismo derecho. Por supuesto, no, mi sugerencia no va en contra de las acciones contra la impunidad y la corrupción que creo que se encuentran apenas en la fase embrionaria, pues las denuncias y corruptela siguen en aumento.

Los comerciantes, importadores y exportadores, a diario se quejan de que ahora las tarifas de los corruptos son más altas y los periodos para sacar de aduana un contenedor son ahora del doble. A las dos entidades, tanto al Ministerio Público como a la Cicig les queda mucho por hacer.

Su quehacer se ve dificultado por la ausencia de Estado en la mayor parte del país, donde reina la impunidad y jueces y magistrados siguen en desacato a órdenes judiciales, lo que estimula a usurpadores a invadir fincas y destrozar instalaciones. A esos temas aún no les ha entrado la Cicig y los líderes de los movimientos siguen sin ser ligados a proceso, a pesar de claras denuncias de delitos flagrantes.

Nos gustaría ver una investigación de cada uno de los ministerios y alcaldías que contratan obra y/o insumos. Las carreteras son una vergüenza en la mayor parte del país, hasta las autopistas de reciente construcción presentan baches, rajaduras y derrumbes; los lagos Atitlán y Amatitlán se están perdiendo, pues las municipalidades no cumplen con su función y ahora quieren entrar a ser parte fiscalizadora del manejo de las aguas, mientras ellos son los principales contaminadores. Pero allí, ¿dónde está el Estado? Ausente, como en todos lados; presente donde hay plata y posibilidad de enriquecimiento.

Vimos cómo el Estado se zafó de las cárceles entregando el control a los guardias del Sistema Penitenciario y allí está el resultado, una de las piezas claves de muchas investigaciones era el capitán Byron Lima Oliva, quien gracias a presiones de ciertas ONG fue acusado de un crimen que no cometió, pero ese es un tema que pesa en manos de una justicia agobiada por presiones externas y mediáticas. Producto también de la ausencia de Estado, que recordemos no es solo el Ejecutivo a quien se acusa como resultado de nuestro régimen presidencialista.

Da grima ver cómo en el Legislativo se autorizan sueldos a conserjes, superiores a los de un cirujano cardiovascular del sistema de Salud, y todavía vemos que muchos de los culpables de estos sueldos, que definitivamente eran compartidos con sus jefes, allí siguen. ¿Dónde estaba el Estado? Estamos llenos de instituciones que supuestamente regulan, controlan y fiscalizan: la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Administración Pública. Pero, ¿dónde están para defender los intereses del Estado? ¿Quién fiscaliza su accionar?

Aquí falta mucho por hacer.

induagro@yahoo.com