El tema de los antejuicios ha estado vigente en Guatemala desde hace algún tiempo, pero al sacarlos al debate o a la conciencia de la opinión pública se debe pensar en dos conceptos parecidos, pero en realidad distintos: el de la responsabilidad de las acciones, o la culpabilidad de estas. La diferencia es clara. La primera es una calidad inherente al hecho de ser la máxima autoridad de algo. Y la segunda, a las acciones realizadas por alguien en lo personal. Por eso alguien puede ser responsable de un hecho, por ser el jefe, pero no culpable, porque no lo ha realizado. Esto es importante tenerlo claro porque el antejuicio tiene el espíritu de juzgar esas acciones personales directas.

En este momento, se está promocionando una acción de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales porque al depender de la Presidencia los nombramientos de determinados puestos, debe responder por las acciones de estas personas. El asunto salió como consecuencia de la muerte de las 41 jovencitas recluidas en el “hogar seguro”, donde a causa de la irresponsabilidad y estupidez de autoridades de mínimo rango, quienes habían sido nombradas por el presidente, sin tener ninguna experiencia en este tipo de casos, fueron culpadas y se encuentran en prisión. Luego, con el mismo criterio, ahora se intenta llevar a juicio al presidente, lo cual implicaría una obligada renuncia si se autoriza una obligada presencia suya ante un juez.

El segundo caso es el del alcalde Álvaro Arzú. La diferencia es total. Su culpabilidad se debe a haber instigado a la violencia, en otra de sus rabietas de inmadurez e irreflexión ya septuagenarias. Pero además, su desacato a la Corte de Constitucionalidad y a la jueza obliga a dicha funcionaria a mandar a traerlo, y de negarse, utilizar la fuerza policial y un posible uso de esposas. Solo le queda una renuncia obligada, por elemental obediencia al sistema legal, y esto debe significar el fin de una carrera política cuya última trinchera es la alcaldía, cargo por el cual fundó el Partido de Avanzada Nacional, diseñado con el principal fin de llevarlo a la presidencia, luego de haber sido canciller de Serrano. Como jefe del Ejecutivo le dio la espalda a los guatemaltecos residentes en Estados Unidos.

En el caso de la salida del presidente Morales, el resultado sería el ascenso de Jafeth Cabrera, quien independientemente de su capacidad para ejercer el cargo, o no, tiene el problema de tener una posición débil a la hora de buscar motivos para un antejuicio, cuyo resultado negativo obligará a su salida del cargo. La consecuencia sería la repetición de lo ocurrido en el 2015, cuando los dos candidatos electos de manera legal —aunque en forma oscura en cuanto a su financiamiento— no serían quienes entreguen el cargo. El peligro radica en algo muy simple: todos los políticos tienen motivos para buscarles un antejuicio, y entonces el ganar una elección no garantiza en manera alguna el cumplimiento del cuatrienio y en cierto punto del hecho mismo de la elección.

Las consecuencias de un antejuicio en el caso de la presidencia, pueden ser tan malas como mantener en sus puestos a quienes hayan sido electos. Por otra parte, el desprestigio del Congreso a causa de sus componendas descalifica de hecho esa especie de elección de segundo grado. Por eso hay diferencia en los dos casos. La salida de Arzú, conveniente, no es el mismo caso de la defenestración de Morales, quien —dicho sea de paso— no parece haberse dado cuenta de la importancia de su papel. No se trata de quedar ni de caer bien, sino de analizar las consecuencias. La única salida es convencer al primer mandatario de actuar de acuerdo a los intereses nacionales, sobre todo porque no son cristalinas las motivaciones de los politiqueros deseosos de expulsarlo del cargo.