ALEPH

Anda por allí un código migratorio

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El tema migratorio está en la agenda política del país por dos razones fundamentales: 1.) porque las personas migrantes en el extranjero tienen ya la capacidad de votar y por ello representan un capital electoral importante para cualquier partido, y 2.) porque la migración está en el corazón del Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por EE. UU. Pero hay una razón de fondo por la que, en realidad, este tema es fundamental para el país: porque nos importa la gente de Guatemala, tanto si está dentro como si está fuera.

Está demás decir que somos la última frontera real al Norte; que somos un país de tránsito, origen y destino; y que formamos parte de una región que, por mucho tiempo, fue llamada el corredor migratorio más grande del mundo. Y aunque las escenas del drama migratorio que se vive en el otro lado del planeta ocupan ahora la atención mundial con justa razón, nuestro propio drama es gigantesco. La cantidad de personas migrantes en situación irregular, especialmente la niñez sin compañía, no ha podido ser debidamente atendida en Estados Unidos. Las cifras hablan de más de 500 mil casos migratorios por resolver en 59 cortes migratorias estadounidenses, por 273 jueces. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración en México señala que en el 2015 fueron repatriados 166 mil centroamericanos, de los cuales 30 mil fueron niñas, niños y adolescentes.

En este momento político, la papa caliente la tiene el Congreso de la República. La iniciativa 5121 sobre el Código de Migración para Guatemala pasó ya tres lecturas e inicia hoy una lectura por artículos para las enmiendas que sean sugeridas y aprobadas en el pleno. Es un momento de tensión y diversos actores se han pronunciado alrededor de esta iniciativa. Y por ignorancia o por falta de un análisis más profundo y contextualizado, el tema del refugio o la figura del apátrida siguen asustando, a pesar de que países vecinos como México, El Salvador, Honduras y Costa Rica los contemplan ya en distintos instrumentos legales y mecanismos regulatorios.

En el centro del relato migratorio están los migrantes, con todos sus derechos como seres humanos. Por lo tanto, un instrumento legal de esta naturaleza debe considerar el derecho de los guatemaltecos en el extranjero, y la responsabilidad y competencia que con ellos tiene el Estado de Guatemala. Esto implica una responsabilidad también hacia los migrantes que llegan a territorio guatemalteco, como los africanos que están bajo estatus de detención en el país.

Vivimos una enorme crisis humanitaria en el mundo, y Guatemala no podría ser la excepción, no solo por su condición geográfica y geopolítica, sino por los niveles de exclusión que viven millones de personas en el país. En el 2014, por ejemplo, EE. UU. no estuvo listo para manejar la oleada de más de 68 mil menores de edad migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador y México. En este sentido, Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales en temas de refugio y apatridia, lo cual compromete al Estado a darle respuesta a estos temas. En lo referente a apátrida, Guatemala firma en 1954 la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la ratifica en el 2000. En el marco de refugio, Guatemala firma la Convención en 1951 y la ratifica junto con el Protocolo del Estatuto de Refugiados, en 1983. Desde el 2001 se tiene la regulación desde Conare, vía el decreto 3-83 2001. Si ahora la Iniciativa 5121 sobre el Código Migratorio derogara ese acuerdo gubernativo, estaría no solo dando un paso atrás en materia migratoria y en comparación con otros países, sino estaría contraviniendo instrumentos internacionales que rigen sobre la legislación nacional.

Esta iniciativa tiene avances, pero en puntos como el anterior necesita fortalecerse. El momento es ahora, porque la migración no se detiene y queremos que, más allá de la seguridad de los Estados, se considere también la seguridad humana de quienes se atreven a hacer el viaje más peligroso de sus vidas.

cescobarsarti@gmail.com

ESCRITO POR:

Carolina Escobar Sarti

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Salamanca. Escritora, profesora universitaria, activista de DDHH por la niñez, adolescencia y juventud, especialmente por las niñas.

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