Esta semana la Organización Human Rights Watch presentó un estudio advirtiendo que Guatemala  atraviesa por un momento “crítico” en la lucha contra la impunidad, debido a las acciones que están retrasando los procesos de alto impacto sobre el tema de la corrupción.

El informe fue titulado Una carrera contra el tiempo porque se analizaron casos judiciales emblemáticos, como el de Blanco Lapola, La Línea, Plazas Fantasmas o Bufete de la Impunidad, para comprender las razones por las cuales se han alargado exageradamente los tiempos.

Entre las fallas se encontró que existe un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales, que fueron investigados por la Cicig y el MP, en los cuales los abogados defensores han usado abusivamente amparos, recusaciones y otras medidas para interrumpirlos.

El asunto es ¿Cómo disuadir de estas malas prácticas a estos profesionales, si al ser sancionados por los tribunales la multa no supera los Q1 mil? Algunos ni siquiera los pagan.

Actúan así, porque lo que le pueden cobrar a un corrupto por defenderlo es una suma millonaria, y prefieren actuar inescrupulosamente y burlarse de la justicia, sabiendo que no habrá consecuencia alguna para ellos.

Se supone que el plazo máximo establecido para resolver un amparo es un mes y en estos casos se han tomado hasta dos años. Estos expertos en abusar de una figura legal como el amparo han encontrado un negocio opulento a costa de entorpecer los procesos y dilatar los tiempos, haciéndole un daño terrible al país.

Es urgente que la ley establezca que “la interposición de un amparo o la demora de una notificación no deben ser causas para que un proceso se detenga”.

El tiempo se está agotando para esos litigios, porque en mayo del próximo año la fiscal general Thelma Aldana terminará su periodo y el mandato de la Cicig solo dura hasta el 2019. Entonces, obviamente la intención de estos abogados es, que si logran que los casos demoren hasta que estas autoridades se vayan, va a ser muy difícil tener procesos que realmente sean creíbles.

Y si además estas mafias logran colocar como jefe del MP a alguien afín a sus intereses, seguramente los sindicados saldrán libres pronto y triunfará una vez más la impunidad.

Este informe solo viene a confirmar lo que ya todos sabemos, sobre el colapsado sistema de justicia guatemalteco, que se ha venido en picada en las últimas décadas, por su funcionamiento corrupto y lento.

Muchos argumentan que la crisis se debe a la saturación de casos —algo habrá de eso—, pero lo que más salta a la vista es el litigio malicioso, y no solo en los casos de muestra, sino en muchos otros, donde abogados inmorales hacen de las suyas, traficando influencias, sobornando y haciendo todo tipo de transas frente a los ojos de todos.

Es inmoral permitir y avalar la existencia de bufetes especializados en usar el recurso de amparo malicioso para entorpecer los casos y que el gremio de profesionales del Derecho no se pronuncie enérgicamente sobre este tema, porque debo decir que existen abogados honestos que prefieren no opinar sobre sus colegas y callar.

Esta situación es una afrenta para el sistema, que hasta hoy ha sido incapaz de emitir condenas prontas, lo que nos coloca como un modelo judicial inútil y vergonzoso.

Las recomendaciones indican que debe modificarse la ley de amparo y además la CC y la CSJ deben cumplir los plazos establecidos. Aplicar sanciones drásticas a jueces y abogados cuando sea necesario, pero también debe participar el Colegio de Abogados a través de su Tribunal de Honor, para incluso retirar la licencia de ejercicio profesional a cualquier jurista corrupto que insista en seguir actuando deshonestamente.

imagen_es_percepcion@yahoo.com