El amparo es una previsión legal propia de la legislación guatemalteca y de algunos pocos países latinoamericanos, y su esencia es el derecho de un ciudadano a solicitar protección de instancias superiores cuando por razones evidentes o técnicas, alguna resolución de juez puede llamar a la sospecha de un acto incorrecto o incompleto legalmente. Eso no significa, obviamente, recurrir a esa instancia con la totalidad de las decisiones judiciales, pues estas  para quien sale derrotado en un juicio, por supuesto serán consideradas una injusticia y, en el caso de Guatemala, el resultado de una acción corrupta de cualquiera de quienes participan en el sistema judicial del país. El abuso del amparo se convierte en el peor valladar para el funcionamiento de las leyes.

En las últimas décadas, ha sido constante el desprestigio del sistema judicial, sobre todo por el largo tiempo necesario para las sentencias. Es absurdo negar la existencia de bufetes especializados en el “amparismo profesional”, cuyos efectos son variados: abandono de los casos por la desesperación y falta de recursos para sostener los honorarios profesionales por las víctimas de cualquier hecho sujeto a un juicio. Por ello, desde hace un tiempo también relativamente largo, la figura del amparo se ha convertido en un sinónimo de valladar para el seguimiento de un proceso, pero también para el trabajo de los jueces, abrumados por la cantidad de amparos. Existe la figura del amparo malicioso, es decir malintencionado e injustificado, pero casi es un chiste.

Los efectos de esta multiplicidad de amparos han sido nefastos: desde los atrasos, hasta la quiebra de empresas, pérdida de propiedades familiares. Indirectamente, estoy seguro, han provocado contratos para sicarios, con efecto de aumento de número de viudas y de huérfanos. Siempre he considerado difícil de aceptar el criterio de los abogados para quienes estas acciones son de alguna manera vistas como parte del paisaje jurídico nacional, el cual incluye la cima de las más altas autoridades de este sector. No es cuestión solamente de lamentar el abuso de estas acciones aberrantes, sino de crear los mecanismos de castigo para quienes ponen a sus clientes en la posición de detener la justicia, con detrimento grave de las contrapartes.

Este tema salió a la palestra el lunes, cuando Cicig, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el representante de la entidad internacional Human Rights Watch presentaron un estudio sobre los amparos mencionados como una forma de asegurar la impunidad, a mi criterio una de las peores representaciones de la corrupción. Entre los casos más notorios están el de la acusada Marlene Blanco Lapola, exfuncionaria de Álvaro Colom y hermana de Orlando Blanco, actual diputado de la UNE, también involucrado en un caso de financiamiento electoral ilícito entorpecido por tácticas dilatorias para perder el derecho de antejuicio, por cierto otra figura convertida en un manto de impunidad. Álvaro Arzú también ha sido reticente a obedecer a la justicia.

El sistema de justicia debe recibir la crítica hoy comentada, como un oportuno llamado a hacer una autocrítica, primero, y luego emprender acciones correctivas. El título es claro: “Carrera contra el Tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”. Obviamente, esto se basa en el criterio de tener un sistema eficiente en todo sentido, como con seguridad lo desean los guatemaltecos pertenecientes a cualquiera de las divisiones de la población interesadas en vivir con la confianza de recibir justicia cuando la necesiten. Ahora, si algún grupo tiene planes diversos, debe no solo tener la valentía de señalarlo, sino la seguridad de convertirse en el blanco de las justificadas críticas nacionales e internacionales.