El asesinato de ocho dirigentes indígenas y campesinos en solo tres meses es un hecho repudiable desde todo punto de vista. Demuestra la existencia de un patrón sistemático de eliminación de líderes de organizaciones que defienden sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la tierra, entre otras reivindicaciones. Estas acciones criminales no se pueden soslayar porque vulneran los artículos 1 y 2 de la Constitución, referentes a la protección de la persona y su familia, así como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Qué sentido tiene hablar de la existencia de un estado de Derecho si con estos hechos sanguinarios estamos retornando a las prácticas nefastas del conflicto armado interno? No se pueden considerar hechos aislados, sino parte de una acción deliberada de descabezar a agrupaciones molestas al gran capital.

La ola de asesinatos comenzó el 9 de mayo con la muerte violenta de Luis Arturo Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en Jalapa. Al día siguiente fue asesinado José Can Xol, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), en Alta Verapaz. El 13 de mayo fue secuestrado Mateo Chamán Paau y luego apareció ultimado a tiros, en Alta Verapaz. El 30 de mayo fue asesinado Ramón Choc, del CCDA, también en Alta Verapaz. El 3 de junio fueron asesinados Florencio Pérez y Alejandro Hernández, de Codeca, en Jutiapa. Cinco días después fue ultimado Francisco Munguía, de Codeca, en Jalapa. La más reciente víctima fue Juana Raymundo, quien fue secuestrada el 27 de julio y apareció muerta al día siguiente, con señales de tortura, en Quiché. Imposible creer que se trate de violencia común porque todo apunta a que son crímenes políticos dirigidos a causar terror en dos organizaciones campesinas e indígenas.

¿Qué razones hay para atacar a miembros de estas organizaciones? El CCDA señala que surgió en 1982 con el objetivo de luchar por el acceso a la tierra y los derechos laborales de los campesinos mayas. En el 2000 se constituyó como una organización legal. Este año ha desarrollado movilizaciones para rechazar la corrupción, exigir que se detenga la criminalización contra líderes comunitarias y que se resuelva la conflictividad agraria en el país. Codeca surgió en 1992, como una organización que buscaba el acceso a la tierra y la defensa de los derechos laborales en las fincas de Suchitepéquez. Esta organización señala que defiende el acceso a la energía eléctrica de las comunidades pobres, lo cual es interpretado por el sector privado como “robo”. También en los últimos meses ha exigido la renuncia del presidente Jimmy Morales, por considerar que forma parte del pacto de corruptos. Codeca busca convertirse en partido político a través de la inscripción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo cual le permitiría luchar por la vía electoral por sus reivindicaciones.

¿Las reivindicaciones del CCDA y de Codeca merecen la muerte de sus dirigentes? Definitivamente no. Ambas agrupaciones han sido criminalizadas por sus acciones y ahora afrontan el asesinato de sus líderes. Se puede estar de acuerdo o no con las formas de lucha de estas agrupaciones, pero en ningún momento se puede aceptar que retornemos al uso de matones para solventar diferencias políticas o ideológicas. Las ideas no se combaten con el secuestro, la tortura y el asesinato; se combaten con ideas. Por ello, el Ministerio Público está llamado a llevar a cabo una investigación exhaustiva de estos crímenes para identificar a los autores intelectuales y materiales, para que sean puestos a disposición de los tribunales de justicia. Suficiente sangre ha costado la construcción del estado de Derecho como para que sectores trogloditas quieran volver al oscuro pasado.