El golpe de Estado ha dejado de sustentarse en el tradicional uso de las armas y, como todo, se ha sofisticado. Modernamente se lleva a cabo de diferentes formas, especialmente tomando de forma subrepticia instituciones desde las cuales incidir en la vida o en la legislación. De tal cuenta, lo anormal o ilegal se convierte en cotidiano y habitual.

Tras las actuaciones de Cicig/MP que pusieron al descubierto acciones delictivas de personas y grupos a través de instituciones, el embate contra la corrupción encontró rápidamente respuesta de quienes no desean ser acusados y se activaron operadores que desde irrelevantes fundaciones de pacotilla o con ruido coordinado en ciertos medios y redes, se encargan de desacreditar a no importa quien que se les atraviese en el camino. Para ellos, el fin justifica los medios. Pero, como nada les funciona porque la razón y la justicia no están ni remotamente de su parte —lo han intentado en Washington, ONU, en la comunidad judía y en el lobby religioso de oración—, lo último de ese grupo de descerebrados ha sido insinuar un llamado a las armas que coloca al Ejército en un brete.

Los recientes cambios en el Ministerio de Gobernación son parte de esos eslabones para tomar el poder mediante procedimientos de cuestionada legalidad, legitimidad y razón. En la primera actuación con las nuevas autoridades, la afinada colaboración interinstitucional entre el Ejército, el MP y la PNC se vio afectada y comprometida por filtraciones a un medio de comunicación, propiedad de huidos en busca y captura por la justicia, y se ha anunciado en redes sociales que se retransmitirán las acciones que MP-PNC puedan ejecutar en el futuro. Una advertencia que patentiza lo vulnerable e infiltrado del sistema y que pretende terminar —ese es el objetivo— con el hermetismo y la confidencialidad que propiciaron los logros alcanzados.

Complementa lo anterior la percepción de una tentativa de asalto a organismos de inteligencia y seguridad. Se hizo un intento en la propuesta de ley contra el terrorismo y se reiteró recientemente en la de creación de la Secretaría de Coordinación de Prevención de la Violencia. En ambos proyectos legales se asigna un papel protagónico al Ejército en materia de inteligencia. Paralelamente, la nueva administración de Gobernación desea declarar a las maras grupos terroristas y se abrirá la puerta a algo similar. Por último, se hacen esfuerzos por revertir la norma que pone fin a la colaboración militar en seguridad ciudadana. Actuaciones concurrentes todas ellas tendientes a que las fuerzas armadas tengan mayor presencia y se empoderen en cuestiones que no le son propias pero que les daría un inusual poder en momentos delicados en los que la justicia actúa contra malandrines, algunos en sus filas.

Para mientras, la PNC hace su mejor esfuerzo y las fuerzas interinstitucionales de tarea han dado resultados que reflejan éxitos en la lucha contra la criminalidad común y organizada. Sin embargo no todo el mundo desea mantener ese nivel de logros y procuran minar el sistema que funciona para que, precisamente, deje de hacerlo.

Lo siguiente que preveo —el tiempo me dirá si tengo razón— es la destitución de la cúpula policial que tantos logros ha alcanzado. Profesionales altamente capacitados que emplean técnicas y procedimientos científicos para la lucha contra el crimen organizado, algo que los malosos que codician tomar el poder por la fuerza no están dispuestos a soportar, y pretenderán colocar a sus peones. Un golpe de Estado técnico ad hoc para este preocupante gatopardismo nacional.

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