El retiro de la inmunidad a Douglas Charchal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decidido ayer por 136 diputados al Congreso, es una medida esperada y explicable, como consecuencia de ser sólidas las posibilidades de culpabilidad de quien ha sido señalado por el Ministerio Público y la Cicig como participante en corrupción relacionada con el caso de Puerto Quetzal. Pero, además, porque de esa manera el Parlamento intenta comenzar el largo camino por recuperar un desfalleciente prestigio a causa de tantas acciones cuestionables y en muchas ocasiones hasta vergonzosas.

Se trata de una acción parlamentaria que por los motivos indicados va en dirección correcta, pero no es la única. Otro de los actuales magistrados de la máxima corte jurídica del país, Vladimir Aguilar, también es señalado por las dos instituciones mencionadas de tener participación en hechos incorrectos en relación con el mismo caso. Por tal razón, el Congreso no puede dictaminar de manera distinta sin caer en la posibilidad de ser sólidamente señalado como parcializado en contra o a favor de personas con cargos que llevan incluida la inmunidad.

Charchal deberá aclarar su situación respecto de facilitar indebidamente los trámites administrativos para que fuera adjudicada la ampliación de dicho puerto a la ahora controversial empresa denominada Terminal de Contenedores Quetzal, así como rechazar un amparo interpuesto por la Municipalidad de Puerto San José y de impedir el pago de 24 millones de quetzales para obtener la respectiva licencia de construcción.

Por su parte, Aguilar está acusado de que cuando fue procurador general de la Nación ordenó a sus subalternos que en el dictamen al respecto de este caso no fueran tomadas en cuenta o fueran eliminadas tanto las recomendaciones como las irregularidades encontradas, y de esa manera emitir un dictamen favorable a la empresa en mención.

Es necesario recordar que el retiro de la inmunidad no implica necesariamente culpabilidad, pero al mismo tiempo es importante indicar la necesidad de que los dos magistrados que tienen los anteriores señalamientos sean juzgados de forma jurídicamente intachable. Esto, a pesar de que los indicios no les son en manera alguna favorables.

El magistrado Aguilar ha integrado la CSJ en dos ocasiones. La segunda vez llegó como consecuencia de los votos favorables obtenidos de la nefasta alianza partidista entre el Patriota y Líder, lo que en su momento se consideró negativo para el funcionamiento de la institución, a pesar de que quien ahora es cuestionado tiene un historial académico en el campo del Derecho.

El país se encuentra en los inicios de un proceso en el cual se está considerando no solo la legalidad de las decisiones tomadas por quienes integran las entidades gubernativas, sino también la corrección, entre lo cual ocupan lugar preponderante las cualidades de quienes los nombran o eligen. Esta es la óptica adecuada para el análisis y calificación de las acciones tomadas en el campo de los antejuicios y retiro de inmunidad, que como consecuencia de decisiones políticas de hace muchos años se han convertido en sinónimos de impunidad.