Esta semana presentaron en el Congreso una iniciativa de “Ley de Promoción de Alimentación Saludable”. La supuesta “buena intención” de la ley es que todos podamos tener una vida sana, pero en la práctica lo que hace es coartar nuestra libertad, imponiéndonos la visión de tecnócratas iluminados que desprecian la libertad. Desde ya declaro mi total oposición a todo este tipo de imposiciones, no solo porque amo y defiendo la libertad de todos, sino porque además, estas coacciones no funcionan.

De una manera velada, disfrazándolo de etiquetado, lo que esta iniciativa propone es ponerle un “sin tax” (impuesto al pecado) de hasta el 35 por ciento a los alimentos y bebidas “dañinos”, bajo la premisa paternalista de que las personas son tontas e ignorantes y hay que forzarlas a crear buenos hábitos, consumiendo productos que los reguladores consideran “saludables” y desincentivando que coman productos que los reguladores consideran “dañinos”.

Esa es la teoría que sostiene la Organización Mundial de la Salud; sin embargo, hasta la fecha no hay evidencia que compruebe su eficacia. En los lugares donde se ha probado, principalmente con bebidas azucaradas, se ha reducido un poco su consumo, pero este ha sido reemplazado por otros productos que proporcionan calorías similares, con lo que el efecto de “reducir la obesidad” no se ha concretado. Si no me cree, investigue el caso la prohibición a las “grasas saturadas” en Dinamarca hace unos años.

El efecto principal de una legislación así es incrementar el costo de los productos que más consumen los pobres, con lo que se empeora su nivel de vida. Esto es especialmente importante en un país como Guatemala, donde la mitad de los niños padecen desnutrición crónica. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre incrementar el precio de los alimentos en un país donde muchas personas viven en la pobreza y el principal problema es de desnutrición, no de obesidad? Los impulsores de esta iniciativa son conscientes de ese grave error de concepto, al grado de que intentan justificarla con el argumento de que “el 71% de los adultos en áreas urbanas padecen obesidad”, pero no mencionan a la mitad de los niños desnutridos en todo el país. ¡Mezquinos!

En el caso de Guatemala, un experimento como este lo que haría es disparar todavía más el consumo de alimentos de contrabando. El sector de alimentos y bebidas es el que más ha caído en sus ventas como consecuencia del contrabando, y una ley como esta lo que haría es incrementar más el diferencial entre los productos locales y los del contrabando, con lo que la gente incrementaría su consumo de alimentos y bebidas de contrabando. Las consecuencias serán que, por un lado, se reducirá todavía más la industria de alimentos y bebidas en Guatemala, con los serios efectos que eso tendría sobre la economía de los guatemaltecos —menos empleo, menos actividad económica y hasta menos impuestos— y por el otro, aun considerando que fuera válida la teoría de la OMS —que no lo es—, de todos modos no se reduciría el consumo de los productos que ellos quieren que se reduzca porque estas regulaciones, por definición, no le aplicarían a los productos de contrabando.

En lugar de buscar la forma de reducir el diferencial entre los productos locales y los de contrabando —que es la única forma viable de reducir el contrabando— esta iniciativa va en sentido completamente contrario y, por lo tanto, tendrá efectos devastadores en la economía guatemalteca, y ningún efecto en la salud de los guatemaltecos. ¿Tan difícil es entender la estupidez que están cometiendo los diputados por ser “políticamente correctos”?

Fb/jjliber