De acuerdo con el desacreditado criterio de los diputados que impulsan nuevos y antojadizos cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aquí puede continuar el pillaje sobre los recursos públicos y para ello la última recomendación es que quienes se dediquen al latrocinio lo hagan con cronómetro en mano, pues cualquier castigo podría ser perdonado pasados cinco años, si hubiera alguna condena, tiempo suficiente para anular cualquier prohibición.

Propuestas de esa naturaleza solo pueden venir de mentalidades enfermas, comprometidas con los más oscuros intereses para hacer negocios con los recursos del Estado, no solo sin que nada les ocurra, sino que, en caso de que fueran descubiertos, lejos de convertir semejante osadía en un castigo perpetuo se buscaría hacer borrón y cuenta nueva para continuar el festín.

Muchas de las propuestas presentadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República avanzan por esa línea de vergonzosa consolidación de la impunidad, para continuar con el abuso y que encima los castigos a quienes sean descubiertos no los incapaciten para optar de nuevo a cargos públicos, sino que serían penas equivalentes a una suspensión temporal y después volverían a las andadas.

Esa actitud repudiable de quienes tienen en sus manos la Comisión de Asuntos Electorales debe ser rechazada, porque existen suficientes evidencias sobre lo malintencionado de sus iniciativas, no solo para aprovecharse de sus cargos, sino incluso para manipular y someter a control a las más altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Las caras más visibles de ese perverso modelo son el diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien había tratado de engañar a la opinión pública y a la misma Cicig haciéndoles creer que tenía un compromiso claro contra la corrupción, y resulta que es uno de los principales impulsores de la búsqueda de sometimiento de las máximas autoridades electorales.

Le sirve de triste comparsa el diputado Fernando Linares Beltranena, quien no solo se opuso de manera vehemente a las reformas impulsadas por la Cicig, sino a su vez pretende convertirse en un paladín de la justicia al justificar que es uno de los que impulsan reformas a ese sector, pero bajo parámetros sumamente discutibles.

El tercero involucrado en ese proyecto es el legislador Álvaro Arzú Escobar, cuya principal iniciativa es la sistemática oposición a proyectos de beneficio general y cuyo mayor mérito es haber ocupado una curul por designación directa de su padre, quien se ha hecho famoso en los últimos días por su férrea resistencia a someterse a la justicia, que ahora evalúa si ratifica la recomendación de una juzgadora de no retirarle la inmunidad.

Como telón de fondo de esos maquiavélicos impulsores de un cambio tutelado del andamiaje político se encuentran numerosos personajes que se resisten a reconocer la descomposición de un sistema que solo ha estado al servicio de usurpadores y quienes además pretenden mantener al país bajo el imperio de las viejas prácticas, aunque las cárceles se sigan llenando de cuestionables representantes de un modelo con suficientes evidencias de agotamiento.