El asombro por la extensión de la corrupción retrata a una sociedad atenazada por la diferenciación social extrema, la falta de oportunidades para quien desea trabajar, la discriminación hacia los que mantienen su tradición cultural y el desprecio por la vida de los demás, expresado en el asesinato extorsivo alevoso. ¿Se evitará la conversión en un Estado fallido?

El caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, o TCQ, ilustra sobre el declive de la moral pública. ¿Por qué se atacó al tercero de buena fe? A la naviera Maersk adquiriente legal de TCQ, se le tachó profusamente: a) había daño patrimonial al Estado aunque fuera del dueño anterior, b) a pesar de adquirir un negocio que operaba normalmente, debía responder por el pasado, c) iba arruinar a la Empresa Puerto Quetzal nacional y alcaldías vecinas, d) debía aceptar un interventor judicial y continuar con el plan de compras de las facilidades portuarias, etc.

En España, se ha descubierto una compleja celada. La empresa catalana Terminal de Contenedores de Barcelona había recibido el precio por ceder la operación portuaria en el país. Para el empresario catalán Ángel Pérez Maura era un negocio redondo. Tan es así que le envió al expresidente Otto Pérez Molina un cargamento de billetes transportado en un camión blindado por US$4.2 millones. Luego acordaron extorsionar a los inversores daneses, al exigirles entregaran US$8 millones adicionales, a cambio de no ser molestados por sindicatos, jueces y alcaldes. Algunos medios de comunicación contribuyeron a caldear a la opinión pública.

Aparte, pero coordinados, cual picas en una lidia, se inició una persecución judicial contra el nuevo propietario. La Procuraduría General de la Nación propuso a un vival para montarse en la operación. Se habría de administrar el negocio, mientras se realizaba una supuesta concesión por el congreso. El Ministerio Público buscaba anular el contrato de usufructo, para despojar de la posesión a la empresa TCQ.

Se señala al exjuez Baltazar Garzón de influenciar a los medios judiciales, (goo.gl/8bbySB) bajo contrato pactado con el comisario de policía José Manuel Villarejo para evitar la comparecencia de Pérez Maura en el país.

Todo esto no sería más que una fechoría de las muchas del régimen pasado con incidencia en el actual, si no fuera porque El Confidencial, diario español, saco a luz, el escándalo. En las conversaciones acaecidas en España para desviar la investigación del potentado catalán Pérez Maura hacia los daneses, se involucra al actual comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. (goo.gl/k2WYm1) Supuestamente celebró una junta con la actual Ministra de Justicia del Estado español, Dolores Delgado, para evitar perseguir al empresario catalán y un eventual pedido de extradición. Mientras no existan pruebas a la vista, no se puede dar por ciertas las acusaciones.

Este y otros casos, repercuten en el clima de negocios. El índice de confianza en la actividad económica, medida local, ha sufrido un retroceso importante, cayó 24.7%. Se estima situación similar para los inversionistas extranjeros. Aunque, las altas autoridades inviten a los capitales foráneos a colocarse en negocios locales, se descubre que después habrán de ser perseguidos por movimientos reivindicativos espurios pagados por mano negra, inacción judicial en el mejor de los casos, pues también hay cohecho y prevaricato. Al final, después de acudir ante instancias internacionales, el país se verá obligado a indemnizar a los incautos que confiaron en nuestro terruño que se ha convertido en un lugar protervo.

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