Como consecuencia de la situación política que se vive, se han escuchado voces reclamando “la Plaza” para continuar lo iniciado en 2015. Segundas partes nunca fueron buenas, reza el dicho, pero además, las condiciones de antes no son las de ahora. En aquel momento hubo una espontánea reacción de ciudadanos cansados de que les tomaran el pelo —la fórmula mágica para limpiar el lago fue la gota que derramó el vaso— y levantaron sus voces al unísono indistintamente de la ideología, la edad, la procedencia, el estatus o cualquier otra diferencia.

A partir de entonces, la justicia persiguió, procesó y encarceló a casi todo el gobierno del PP y a otros muchos. El ciudadano empezó a ver cómo amigos, conocidos o personas públicas, eran detenidas independientemente de sus estatus, y corrió el pánico. A la fecha hay más de cien huidos y una cifra cuatro veces superior en la cárcel. Todo eso ha provocado una preocupante sicosis entre quienes se miran al espejo cada mañana y piensan: ¿seré yo el próximo?, ¿será alguien conocido? También se echaron en falta —entre esas persecuciones— otras esperadas: sindicalistas, bochincheros de ONG y funestos personajes políticos o que han ejercido un cuestionado, negativo o delincuencial liderazgo social.

Esos sentimientos encontrados han hecho que muchos ciudadanos tomen fieramente partido por continuar o frenar ese dinamismo judicial, lo que ha generado grupos a favor y en contra, y polarizado el ambiente. Además, las ideologías —especialmente las extremas— se han subido al tren y han convergido en la calle en lados opuestos: izquierda con derecha y el “sí” con el “no”, sea tomando partido por el presidente o por el comisionado. Un agitado panorama pierde-pierde muy diferente de aquel gana-gana de 2015.

Unido a lo anterior, algunos de los que guardan prisión corren riesgo de ser condenados a grandes penas, incluso de por vida. Baldetti o López Bonilla, además, deben responder a cargos en USA. Por su parte, los huidos si se entregan o son capturados ingresarán en prisión y deberán enfrentar graves delitos. Quienes ven la persecución cerca por casos como Odebrecht, financiamiento electoral ilícito, Transurbano, etc., optan por apoyar, abierta o solapadamente, al grupo con el que se sienten protegidos. Con esos posibles escenarios —y para esos grupos— únicamente cabe una solución que cualquier neófito estratega propondría: destruir el sistema.

El 2015 no se parece al 2017. Las manifestaciones obedecen a objetivos distintos y están polarizadas. La situación que se vive muestra una catarsis interna de quienes se ven reflejados en situaciones judiciales que personalizan, asumen, rechazan, contrastan o internalizan. Unos piensan que hay que continuar la persecución judicial; seguro tienen razón. Otros que se ha abusado de ella; también tienen la suya. Hay que asumir internamente los procesos que se desarrollan y adaptar las instituciones y el entorno. Eso lleva tiempo, incluso generaciones, y aquí se ha avanzado muy rápido. Lo cierto es que históricamente no ha habido un ejercicio del poder ni siquiera mediocre, sino un reparto de plazas, dinero y prebendas para que “todos” estuvieran contentos y así esperar el momento, tras cuatro años, de cambiar de mano, pero no de ética. Eso ha sido, tristemente, la política en el país.

Lo que viene debe ser una reflexión sobre el pasado, una profunda crítica, un autoanálisis para ver cómo hacer las cosas en el futuro. No sirve enquistarse en lo incorrecto ni pretender ignorar lo mal hecho. Aprovechemos con responsabilidad la energía del búmeran que nos vuelve antes de que nos golpee la cabeza.

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