Otro de los argumentos utilizados para intentar desacreditar las negociaciones en busca de la paz en Guatemala era que los delegados del Gobierno, de los movimientos guerrilleros y los observadores internacionales se reunían en lujosos hoteles de cinco estrellas, cuando podían utilizar hoteles más baratos, o lugares que no fuesen hoteles.

Afirmaban que era una utilización de fondos públicos guatemaltecos, lo que no habría tenido nada de extraño —si hubiese sido cierto— porque fue el Gobierno de Guatemala el que internamente promovió las conversaciones, presionado por la opinión pública internacional, atormentada, asombrada e indignada por los crímenes masivos que aquí eran cometidos, en nombre de Dios, de la patria y de la libertad.

Lo que quienes censuraban el uso de los hoteles de cinco estrellas no sabían —y todavía hoy, veinte años después de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera continúan fingiendo no saberlo— es que esos hoteles eran escogidos por los gobiernos de los países donde se efectuaban las reuniones. Los escogían por motivos de seguridad. Guatemala no gastaba ni un centavo en esos hoteles. No tenía ni voz ni voto para escogerlos.

Una de las razones para brindar seguridad máxima a los negociadores se originaba en las amenazas de muerte lanzadas contra el conciliador, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, y otros miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación.

Cuando terminaron las reuniones en El Escorial, España, en mayo de 1990, los delegados del Gobierno guatemalteco, los miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación, y otras personas más, viajamos del hotel al aeropuerto en una caravana de automóviles propiedad del Gobierno español.

Cerca de mí iba sentado un funcionario de la Cancillería española y de pronto vi que a ambos lados de nuestro vehículo se movilizaban otros automóviles en los que se transportaban hombres fuertemente armados. Los cañones de sus fusiles eran visibles desde afuera. Así que pregunté a mi acompañante:

— ¿A qué se debe esa escolta armada?

El diplomático sonrió y me dijo:

—Queremos evitar que a monseñor Quezada Toruño le pase lo que a monseñor Romero.

Se refería el diplomático español al asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, perpetrado por un francotirador al servicio de políticos derechistas y de militares salvadoreños que habían convertido a su país en un cuartel con un militar a la cabeza. El religioso fue atacado cuando oficiaba misa en la capilla de un hospital. El asesino se había apostado lejos, fuera de la capilla, en un punto desde el cual podía ver al sacerdote. Y le disparó.

Pero la selección de hoteles de cinco estrellas tenía otros motivos históricos más, como el asesinato de Martin Luther King, en los Estados Unidos.

Ese predicador en favor de la igualdad racial y de los derechos civiles para todos, era acusado por sus enemigos de desarrollar sus prédicas en hoteles de cinco estrellas.

Si habla en favor de los humildes, decían, ¿por qué no utiliza hoteles más baratos?

Movido por esas críticas, cuando llegó a Memphis, Tennessee, en abril de 1968, para apoyar a un grupo de trabajadores en huelga, el predicador se hospedó en un motel de bajas tarifas, denominado Lorraine.

Muchos de sus seguidores acudieron a ese lugar para hacerle patente su adhesión y él salió al balcón a saludarlos. De pronto se oyó un disparo y Martin Luther King se desplomó, bañado en sangre. La bala le había impactado en la cabeza. Y murió.

Un francotirador experto, que se había apostado fuera del motel, había sido el autor del disparo; crimen muy parecido al cometido contra monseñor Romero.

¿Queda claro, ahora, eso de los hoteles de cinco estrellas?