La denuncia pública realizada por el excanciller Édgar Gutiérrez sobre abusos sexuales, presuntamente cometidos por el presidente Morales, ha puesto en guardia al MP, a la opinión pública, a variopintos personajes y a órganos de gobierno. La reacción de los netcenters oficiales —que los hay— se han centrado en desacreditar al denunciante y a los mensajeros, de esa guisa rústica y pueril con la que suelen hacer las cosas los “expertos” bachilleres en nómina del Ejecutivo bajo reglón 029.

Unos pocos comentarios encendieron las redes sociales con argumentos de defensa de una presidencia “acosada por la izquierda que desea tomar el poder sin haber sido elegidos en popular votación”; otros, atacaron a un gobernante desprestigiado por innumerables desaciertos y omisiones desde que llegó al poder. Se extraña —habitual en ambiente polarizado— la posición intermedia que reconozca y deje claro que cualquiera que sea el resultado de la investigación, hay graves delitos —de abuso sexual o de difamación— y que es preciso promover la persecución penal de oficio para evitar que esos hechos, como otros, queden en anécdota mediática o intrascendente señalamiento.

Si la denuncia es cierta, habría que procesar a un recalcitrante acosador presidencial porque eso de que haya —según cuentan— varios casos, lo convertiría en un depredador sexual de la más baja calaña; si es falsa, el escenario sería el de un difamador oportunista que pretende atentar contra la figura presidencial, y eso también es muy grave. Contemplando ambas posibilidades hay, al menos, un grave delito que perseguir por el MP, lo que representa un reto que la ciudadanía espera sea pronta y correctamente resuelto y no el silencio en qué se ha convertido.

Que el excanciller Gutiérrez haya dado el paso para denunciar lo que puede acabar con la destitución presidencial y/o la cárcel para Jimmy Morales, significa que cuenta con “el beneplácito” de ciertos organismos internacionales y quizá de algún gobierno, porque el riesgo que asume no es habitual hacerlo sin fuerte y seguro respaldo. Por otra parte, continuar por más tiempo con el actual Ejecutivo, sostenido por uno de los partidos más corruptos de la era democrática y con un gobierno cuyo objetivo es ocultar descaradamente barbaridades y delitos de algunos de sus integrantes o del partido que lo promovió, tampoco es de recibo. Por ello, y teniendo en cuenta lo estratégico por venir en los próximos meses, se concluye que puede haber una manifiesta voluntad, reforzada con suficientes razones, para ponerle punto y final a esta penosa situación política que decidimos emprender en enero de 2016. Una fallida apuesta por la regeneración del clima político de 2015 que a la postre ha sido igual de mala que lo diagnosticado en aquel entonces ¡Para mi que la orden está dada!

El presidente que se dice “correcto, respetuoso y caballeroso” ha dado muestras suficientes de que desconoce una palabra más simple y del género opuesto: la ética. Su gestión es a todas luces una de las más nefastas y descaradas de la era democrática, y la presión judicial, familiar y de mafias que tiene es de tal dimensión que se embrolla en una maraña impenetrable mientras somete a los ciudadanos a una suerte de masoquismo político aberrante, soportado con el estoicismo propio de quienes aceptan amigablemente el síndrome de Estocolmo.

Se avizora una “guerra” dura, sucia, intensa y agresiva. No perder el norte ni la razón es fundamental para evitar extraviarse entre el insulto y la descalificación. Aquí puede ocurrir algo grave antes del finales de septiembre y hay que ir elaborando el mejor escenario posible, y el más legal.