Sin embargo, nueve días después, tiempo en el que la resolución desató polémica, críticas y dudas, en la sesión de ayer, el directorio “acordó revocar esa decisión, (la) que queda sin efecto legal”, declaró Henry Almengor, uno de los directores.
Explicó que no asistió el día en que se aprobó el proceso.
“El directorio en pleno tomó la decisión de retirar la directriz que emitieron días atrás, en la que se me autorizaba iniciar el proceso”, respondió anoche Muñoz, por medio del departamento de comunicación social del órgano recaudador.
Muñoz agregó: “Ellos tomaron esta decisión con el propósito de hacer un análisis más profundo de las necesidades que tiene la institución y trabajar en mesas técnicas con los intendentes y las gerencias, para desarrollar las bases que permitan y garanticen que las herramientas que se obtengan de estos procesos sean las mejores y tengan resultados a corto, mediano y largo plazo”.
Esta semana el superintendente defendió el proceso, el cual aseguró se realizaría con transparencia y negó que desde ya se hubiera elegido a la empresa argentina Kolektor u otra específica para ser contratada.
La directriz para realizar la licitación fue aprobada por los directores Rodrigo Montúfar, Jorge Borstcheff Boyarinoff y el ahora ministro de Finanzas, Dorval Carías.
Almengor dijo que con las mesas técnicas se analizarán otras opciones para tomar decisiones administrativas con el fin de mejorar la recaudación, pero que aún se debe definir el proceso o si en el futuro se convocará a expertos tributarios externos para conocer su opinión.
“Es difícil una contratación de esa naturaleza, porque en otros países como en Argentina está dando resultados, pero no significaba que aquí tendría que ser así”, indicó al indicar que es un sistema tributario diferente.
Montúfar comentó que cuando se aprobó el proceso se hizo con el objetivo de que participaran firmas internacionales con experiencia en esa materia; sin embargo, debido a la tergiversación que se generó, lo mejor era detener la iniciativa, para evitar el desgaste de la SAT.
“Era una iniciativa bien intencionada y transparente. Se dijeron muchas mentiras y el proceso se desvió”, refirió.
El director negó que existiera con antelación una empresa específica contratada.
Édgar Pappe, otro integrante del directorio, refirió que el proyecto era improvisado, y cuestionó que la base de recaudación que se usaría para fijar las metas a la empresa no era una serie analizada de varios años sino solo tomaba los datos del 2012 y el 2013, además de que debía hacerse por la Ley de Contrataciones y no por normativas y reglamentos internos de la SAT.
