Según los denunciantes, si la plaza se obtiene por medio de ciertos trabajadores o alguno de los dos sindicatos, puede tener un costo inicial de Q10 mil, mientras que con los diputados se cobran porcentajes mensuales del 20 al 70 por ciento del sueldo. Las denuncias son secretas y en voz baja, muchas veces por miedo o porque existe complicidad, por haber aceptado esas condiciones.
Gastan ahorros
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, reconoció el uso de Q58.8 millones de los ahorros de ese organismo para sufragar el pago de sueldos, aunque dijo desconocer las denuncias sobre abusos y venta de plazas. Registros del Sistema de Contabilidad Integrada muestran que a principios de año se transfirieron Q11 millones 980 mil de los ahorros del Legislativo para el pago de servicios personales. En la misma fecha se utilizaron Q16 millones 845 mil para servicios no personales, lo cual incluye el pago de rentas, telefonía y otros servicios. En mayo se efectuó la segunda transferencia, por Q30 millones, destinada al pago de sueldos.
Luego de esos movimientos, los ahorros del Congreso quedaron en Q157 millones 175 mil. Según Crespo, todos los recursos, incluidos los Q16.8 millones para el renglón de servicios no personales, se usaron para cumplir los compromisos laborales internos.
Culpan a Muadi
Estos movimientos fueron aprobados en el Presupuesto del 2014 del Legislativo, elaborado y respaldado por la Junta Directiva, dirigida por el diputado oficialista Pedro Muadi. “Encontré el Congreso en crisis financiera, con una sobrepoblación, debido a varios contratos hechos por Muadi”, explicó el actual presidente de ese organismo, quien afirmó que tenía dos caminos: despedir a 200 personas o usar los ahorros.
Prensa Libre solicitó el detalle de las contrataciones a través de la Unidad de Acceso a la Información, pero no le fue entregado. Luego se presentó un recurso de revisión, que no ha sido respondido, así como una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, garante de las oficinas de Información Pública.
Sin embargo, en una entrevista, el director general del Congreso, Luis Mijangos, dijo que Muadi dejó presupuestadas a 142 personas con sueldos superiores a Q10 mil mensuales, quienes, además, gozan de los beneficios del Pacto Colectivo, que incluye un incremento de sueldo del 10 por ciento anual. Asimismo, se autorizó el aumento de sueldo a 89 personas en diferentes áreas de trabajo y rangos salariales, y se contrató a unas 400 más bajo el renglón 022, que también garantiza prestaciones laborales, detalló Mijangos.
La Ley permite que cada año se contrate a un ujier, una secretaria y un asesor para cada uno de los diputados, con sueldos que van de Q5 mil a Q20 mil. Los contratos son por el renglón 029. Aunque Crespo insistió en que encontró el Congreso en crisis, no descartó que se contrate más personal. “Si es necesario, lo haré. Hace falta gente en la guardia parlamentaria y en conserjería”, explicó.
En el 2012, cuando se obtuvieron los últimos registros de empleados, se determinó que el 13 por ciento —170 plazas— del personal permanente lo integraban conserjes. Estos ganaban, en total, Q1.2 millones mensuales. Allí no figuran los contratados en los renglones 022 y 029.
Durante la primera administración de Crespo, en el 2008, luego de que se descubrió el desvío de Q82.8 millones a una casa de bolsa, los recursos destinados a servicios personales pasaron de representar el 53.8 por ciento del presupuesto total del Congreso al 62.7 por ciento. Eso indica un incremento de 9 puntos porcentuales. Prensa Libre intentó comunicarse con Muadi durante toda la semana pasada, por diferentes vías, incluso por medio de allegados, pero no respondió.
Negocio
El nepotismo y el clientelismo están entre las razones por la que los datos se mantienen ocultos. En listas de años pasados se ha revelado la presencia de familiares entre los trabajadores del Congreso. Según las denuncias, a estos ni se les conoce, sobre todo cuando son recomendados por diputados.
Para evitar estas plazas fantasmas, en el 2011 las autoridades del Legislativo intentaron sustituir el tarjetón para marcar por un sistema de marcación con huella digital. Sin embargo, la medida no funcionó, con el argumento de que algunos trabajadores tienen que estar con el diputado, que muchas veces no llega al Congreso, y no podrían marcar. Según datos del 2012, que son los más recientes dados a conocer, el diputado Manuel Barquín tiene trabajando en el Congreso a tres familiares, bajo el renglón 011, y a otro en el 029.
Entre los cuatro cobran Q42 mil 400 al mes. También trabajó Grethel Massiel Villate Morales, hija del jefe del bloque de Libertad Democrática Renovada, Roberto Villate. Ella ganaba Q7 mil 200 mensuales.
Rehúyen dar datos
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), Alfredo Tumax, negó que esa agrupación cobre por las plazas, aunque reconoció que anualmente entregan una lista a la Junta Directiva para que analice sus propuestas, la cual puede ser de 75 a 150 personas.
Además, el 7 de julio último se manifestaron contra el diputado Édgar Ajcip, a quien declararon no grato por haber solicitado información sobre empleados. “Nos pone en riesgo. Hace un par de años mataron a un guardia parlamentario porque se dio a conocer cuánto ganaba”, argumentó el sindicalista.
Reconoció haber escuchado las denuncias de corrupción en contrataciones pero dijo que no puede seguirlas por falta de pruebas, y pidió que “alguien dé la cara”.
De jardinero
De lo que sí es consciente Tumax es que muchos trabajadores están contratados por el Congreso pero no cumplen ahí sus tareas. “Sabemos de personas que están de choferes, con las esposas o hijos de los diputados; otras son seguridad de las viviendas, y algunas hasta son jardineros o mensajeros”, refirió el sindicalista, quien aseguró que están de manos atadas porque la Ley establece que los trabajadores están a disposición de los diputados.
Esta situación también la conocen dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo, cuyo secretario de Conflictos, Edwin Chávez, dijo que el Congreso carece de un sistema de contratación que garantice la idoneidad de quienes ocupan las plazas, y tampoco hay oportunidad de crecimiento porque “las contrataciones se hacen de forma clientelar”.
Hay denuncias de que algunos trabajadores reciben su paga del Congreso pero cumplen su tiempo en empresas o negocios de los legisladores, para quienes fueron contratados o recomendados.
Cuotas
Según las denuncias, las cuotas no son exclusivas del sindicato; también son usadas por miembros de la Junta Directiva. Cristhian Boussinot, segundo secretario del Congreso, reconoció que los miembros de la Directiva pueden contratar más personal del establecido en la Ley, porque el presidente de ese organismo les delega funciones específicas que deben cumplir. “No hay una cuota, todo depende de cuánto apoyo se requiera para cumplir con las labores extras”, aseguró.
Denuncia abierta
Luego de tres años de trabajar para el diputado Cristhian Boussinot, Michael Vásquez, de 22 años, denunció en conferencia de prensa que su jefe le quitaba mensualmente el 70 por ciento de su sueldo. Debido a esa acción pasó a estado de disposición, junto con Kevin Fernández y Juan Pablo Contreras, quienes lo acuerparon. Boussinot, quien ha repetido un cargo en la Junta Directiva sin interrupción desde el 2011, negó los señalamientos y afirmó que Vásquez “es muy rebelde y lo hizo por represalias, porque comenzó a faltar mucho y se inició un proceso para destituirlo”.
Dudas
Édgar Ajcip, diputado independiente, solicitó información relacionada con las plazas, por lo que el Sintracor lo declaró no grato. “Algo hay detrás. Es imposible que oculten la información por gusto”, afirmó. Normativa Paralizada: En el 2012, la diputada Nineth Montenegro, en su cargo de segunda vicepresidenta del Congreso, propuso reformas a la Ley Orgánica de ese organismo y a la de Servicio Civil, con el propósito de evitar la contratación irracional de personal, pero ninguna ha prosperado. “Creo que no hay interés político en realizar los cambios. Pareciera que la intención es que todo siga como está”, afirmó Montenegro.
Se proponía crear un perfil del trabajador del Legislativo y hacer una reestructura de los ya contratados, para evitar el colapso financiero por el aumento del 10 por ciento anual. Amparo: Acción Ciudadana (AC) presentó un amparo contra el Congreso, porque le negaron información referente a empleados, salarios y puestos, a pesar de que el artículo 10, inciso 4 de la Ley de Acceso a la Información establece que esos datos deben estar, de oficio, publicados en el sitio web del Legislativo.
Óscar Vásquez, director de AC, afirmó que las plazas se han convertido en el botín político del Estado y se manejan en forma clientelar. “Si se continúa de la manera actual, se van a acabar los ahorros y van a llevar al Congreso a la quiebra”, advirtió Vásquez.
Desorden
Roberto Alejos, presidente del Congreso del 2009 al 2011, indicó que las contrataciones del Legislativo han sido un desorden, lo que ha generado que se hagan contrataciones de más.
Debido a ello se creó la figura del “estado a disposición”, lugar a donde van los empleados que están contratados pero no tienen trabajo. “La idea es que, si pasan tres meses allí, se puedan destituir”, detalló Alejos. Aunque en su período se denunció la existencia de plazas fantasmas, Alejos afirmó que en el 2011 se creó un pacto para no presupuestar a más personal, el cual solo ha respetado Gudy Rivera.
