Según las pesquisas los sindicados son responsables de 13 asesinatos perpetrados entre el año 2011 y el 2013.
A los civiles se les imputan los delitos de asociación ilícita y asesinato, mientras que los agentes policiales implicados solamente el delito de ejecución extrajudicial. El Ministerio Público tiene tres meses para investigar el caso.
El juez Gálvez atendió una petición que hizo la Fiscalía esta mañana, pese a que la defensa de los sindicados rechazó la solicitud y argumentó que el caso ha pasado más de cinco meses con el secreto del caso.
Entre los sindicados están los agentes Geovanny Castro de la Cruz, quien prestaba su servicio en la comisaría de Petén; Érick Roberto Trigueros Carrillo, asignado a la comisaría de Jalapa; y Carlos Enrique Archila Sánchez, de servicio en la Unidad de Policía Binacional.
Los otros miembros de la banda son Alexánder Oswaldo Díaz Martínez, Rony Estuardo Melgar Velásquez, Rozo Rogelio Gil Quezada y Edgar Estuardo Fernández Marroquín, todos sindicados de asesinato y asociación ilícita.
Otros cuatro integrantes fueron capturados en el 2013, dos de ellos eran agentes policiales.
A esta estructura criminal se le atribuye la muerte de al menos cien personas en Guatemala, Escuintla, El Progreso y Baja Verapaz.
Esa agrupación criminal es señalada de limpieza social, robo de droga, dinero y sicariato, y existe desde el 2008 y sigue operando, según la investigación del MP.
