“Es lógico que (como gobernante y comandante máximo del Ejército), tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo (…) y no lo evitó (…). Se arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y se mataron a las personas“, expuso en el fallo la jueza, quien llegó al juicio custodiaba por varios guardaespaldas.
Barrios, una mujer de 50 años menuda y de baja estatura, de cuya vida privada se conoce muy poco, ha estado en el ojo del huracán, generando opiniones encontradas: unos la consideran valiente y otros la acusan de parcialidad.
Durante el proceso fue investigada por abuso de autoridad y violación a la Constitución, luego de que Francisco García, uno de los abogados del exdictador, presentó una denuncia por prevaricato (abuso de autoridad).
García fue expulsado por la jueza en el propio inicio del juicio, el 19 de marzo pasado, señalado de falta de ética al usar, según el tribunal, mecanismos para retrasar la apertura del proceso.
En esa oportunidad el defensor pidió que los tres jueces del Tribunal -también lo integra otra mujer, la jueza vocal Patricia Bustamante, y otro vocal es el juez Pablo Xitumul-, se recusaran por considerar que no eran imparciales.
Pero se rechazó la medida al establecer la justicia que “ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban el tribunal” y era una estrategia para suspender el debate.
En abril, cuando el juicio se suspendió temporalmente por recursos interpuestos por la defensa Barrios dejó ver su inconformidad.
“¡Abogados, abogados, no se deja salir, no se deja salir, se ordena que regresen!” , se le oyó decir entre aplausos en la sala cuando en una de las tensas jornadas de audiencia trató de evitar con la seguridad del tribunal que los defensores de Ríos Montt abandonaran la sala.
Grupos cercanos a los militares la han vinculado con la exguerrilla de izquierda, al igual que lo han hecho con la fiscal Claudia Paz y Paz.
Un historial de casos sensibles
En 2001, Barrios ya integraba este Tribunal, pero como vocal, por lo que formó la terna que condenó a 20 años de prisión a tres militares y un sacerdote católico por el crimen del obispo Juan Gerardi, perpetrado en 1998.
El coronel Byron Disrael Lima Estrada, y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, así como el sacerdote Mario Orantes fueron sentenciados por el crimen del prelado, registrado dos días después que presentara un informe sobre violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) y responsabilizara de la mayoría de los crímenes al Ejército.
Cinco días antes de iniciar ese juicio, el 21 de marzo del 2001 Barrios fue víctima de un atentado cuando dos granadas de fragmentación explotaron en el patio de su casa en la capital, aunque no hubo víctimas pero sí daños materiales.
Ya como presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, encabezó el juicio que condenó en agosto de 2011 a 6.060 años -aunque la pena máxima en Guatemala es de 50 años- a cuatro exmiembros de la unidad élite contrainsurgente del Ejército, los denominados Kaibiles.
Los militares fueron hallados culpables de la masacre de 201 campesinos perpetrada en la aldea Dos Erres, unos 500 km al norte de la capital, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, cuando gobernaba el país con mano de hierro Ríos Montt.
La condena contra los Kaibiles fue también histórica porque por primera vez se condenaba a militares por una masacre colectiva cometida durante la guerra de 36 años que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.
