Ahora, el fiscal reclamó el procesamiento de Vielmann, con nacionalidad española desde 2009, por haber creado en su etapa de ministro de Gobernación, junto a otros altos mandos, “una estructura criminal paralela” que, a su vez, creó un “cuerpo clandestino de seguridad” para ejecutar las acciones o delitos contra aquellas personas que habían acordado “como objetivo a eliminar”.
Entre esas acciones, la Fiscalía le atribuyó diez ejecuciones extrajudiciales: siete presos de la Granja Penal de Pavón, el 25 de septiembre de 2006, y tres de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito en noviembre y diciembre de 2005.
Estos diez presos se fugaron de ambas prisiones junto a otros reclusos y tras su captura se les ejecutó y, para simular los asesinatos como si hubieran sido consecuencia de un enfrentamiento armado con las autoridades, llegaron a alterar “la escena del crimen, colocando a los ejecutados, granadas de mano y un fusil sin capacidad de disparo”, dijo el fiscal.
“Fue así como la organización criminal paralela conformada por Vielmann y sus coautores utilizó el recurso humano y material del Estado para la recaptura de los reos, como era su obligación legal, pero con el pleno conocimiento y acuerdo de que, una vez capturados, no serían entregados a la autoridades penitenciarias”, apuntó el fiscal.
En su alegato señaló que “se ordenó a los oficiales que llevaron a cabo la captura, entregarlos al grupo formado por el querellado y otros para que se procediera a matarlos”.
Tras ser detenido por segunda vez el 16 de diciembre de 2010 -la primera fue el 13 de octubre de ese año-, Vielmann fue puesto en libertad bajo fianza de 100 mil euros por orden del entonces titular del juzgado de Gómez Bermúdez, el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
En su declaración durante la vista de extradición, que después quedó archivada, Vielmann aseguró que esa operación formaba parte de un “amplio plan integral de seguridad respaldado por el Gobierno de la República y en el que participaron varias instancias gubernamentales”.
Explicó que de la evolución del operativo “estuvieron informados en todo momento el Gobierno, el cuerpo diplomático y la Procuradoría de Derechos Humanos”.
“En ningún momento participé en la ejecución de dicho plan. Entré en el recinto, junto a otras autoridades, una vez recuperado el control del Centro, y sin permitirme el acceso a las zonas acordonadas donde habían tenido lugar los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los presos”, sostuvo Vielmann.
