Guatemala

PNC desaloja a vecinos frente a mina de San José del Golfo

Fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil desalojaron la entrada al proyecto minero Progreso VII Derivada, conocida también como El Tambor.

Desalojo de pobladores en mina en San José del Golfo. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Desalojo de pobladores en mina en San José del Golfo. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

SAN JOSÉ DEL GOLFO – Desde el pasado 2 de marzo empezaron las protestas contra el proyecto que se ubica en el área limítrofe de ese municipio y San Pedro Ayampuc, donde vecinos levantaron covachas en las que hacen turnos para cuidar que no ingresen o salgan vehículos de la mina.

Se reporta la captura de cuatro líderes comunitarios identificados como Francisco Rivas Flores, de 57 años; Milton carrera, 40; Israel Morales, 71, y Tomas Aquino, 57.

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales atendieron a varias personas afectadas por los gases lacrimógenos, entre ellos una mujer embarazada y un niño.

Los pobladores permanecían en el suelo con mascarillas para cubrirse de los gases lacrimógenos e impedir el paso de los trabajadores de la mina.

Los agentes dialogaron con los inconformes, tras lo cual los pobladores retiraron llantas, palos, láminas entre otros objetos que se encontraban obstaculizando la vía.

La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop) emitió un comunicado oficial en el cual se solidariza con los campesinos de la comunidad La Puya, San Pedro Ayampuc, y piden que se detenga esta acción, aduciendo que se pone en riesgo la integridad de los pobladores en resistencia.

Los pobladores rechazan la actividad minera, en ocasiones anteriores pidieron a la Municipalidad de San Pedro Ayampuc una consulta comunitaria, en la que se decida si los trabajos en ese lugar pueden reanudarse o suspenderse por completo.

Sin acuerdo en mesa de diálogo

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que desde hace 10 meses se ha implementado una mesa de negociación, pero ese tiempo representa una pérdida de casi 3 millones de dólares para la empresa que debe invertir en el mantenimiento de la mina, sin poder operarla.

Ello también ha generado pérdidas entre los 8 a 10 millones de dólares en regalías para el Estado, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo pues a criterio del ministro, “ha habido grupos radicales que quieren que el Estado actúe contrario a la ley y los compromisos del Estado”.

López Bonilla indicó que la presencia de niños y ancianos en el lugar de la protesta es una irresponsabilidad.

*Con información de Sandra Valdez, Geovanni Contreras y Alex Rojas

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